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Víctor Hugo Jiménez González
En México, el ordenamiento jurídico financiero regulador de las prácticas bancarias, específicamente el artículo 100 de la Ley de Instituciones de Crédito, pareciera quedar fuera del alcance de las normas constitucionales garantes de los derechos humanos de seguridad e igualdad jurídica y de acceso a una justicia imparcial en la que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento, toda vez que el artículo al que se hace referencia contempla, en caso de controversia, la posibilidad de que las instituciones bancarias, en beneficio de sus intereses, puedan aportar como medio de prueba impresiones certificadas por funcionario autorizado por ellas mismas, las cuales tendrán en juicio el mismo valor probatorio que libros, registros y documentos microfilmados o grabados en discos ópticos obtenidos de sus originales. Tal disposición sitúa en indefensión legal al cuentahabiente dado que a la institución de crédito le es permisible, de cierta manera, la potencial manufactura de sus medios probatorios.
In Mexico, the financial legal order regulating banking practices, specifically Article 100 of the Law on Credit Institutions, seems to fall outside the scope of constitutional provisions guaranteeing human rights of security, legal equality and access to justice in compliance with the essential procedural requirements; The foregoing is affirmed in as much as the article referred to includes, in the case of a dispute, the possibility that such may provide as proof of evidence, impressions certified by and authorized person that will have the same value as the ones in the books, records and documents microfilmed, even the ones recorded on optical disks obtained from its originals. Such provisions place the account holder in legal helplessness, because the credit institution, in certain way, it’s able to “create” its own evidence.
