La aplicación de aspectos ambientales a los contratos públicos se encuentra a día de hoy totalmente avalada por las políticas comunitarias y nacionales de los diferentes Estados miembros de la UE. Los beneficios que la utilización de energías renovables reportan han provocado que un buen número de poderes adjudicadores hayan comenzado a incluir exigencias al respecto en sus contratos públicos, especialmente en aquellos de suministro de energía. En el presente estudio se analizan las condiciones legales que ofrece la normativa de contratación pública para la inclusión de este tipo de requerimientos, especialmente en el proceso de diseño y preparación del contrato.