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Martín Corera Izu
La presente Tribuna quiere trasladar la inquietud y desazón que en el mundo jurídico ha producido el Decreto-Ley 9/2018, de 3 de agosto, cuando, por primera vez en nuestra reciente historia legislativa, la norma jurídica de referencia del Derecho Privado, el Código Civil, es modificado por un Real Decreto en un aspecto tan sensible como la patria potestad. En segundo lugar, tan preocupante como el aspecto anterior, es que se modifica la Ley de Violencia de Género para situar la acreditación de víctima, en plano de igualdad, una resolución judicial y un informe de los servicios sociales de un Ayuntamiento. Se cuestiona, en ambos supuestos, su constitucionalidad con arreglo al artículo 86 de nuestra Constitución.
