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Beatriz Pérez de las Heras 
El régimen internacional de inversiones se encuentra actualmente en un proceso de reforma global que tiene como epicentro la revisión del mecanismo arbitral de resolución de conflictos Estado-inversor. Su demostrado impacto negativo en las opciones de decisión política de algunos Estados, unido a sus deficiencias inherentes, como la carencia de transparencia y la falta de independencia de los árbitros, han impelido los movimientos en curso para su redefinición. Intentando liderar este proceso, la Unión Europea (UE) ha propuesto la creación de un tribunal multilateral de inversiones, como instancia única y permanente, que reemplace todos los mecanismos de solución de disputas Estado-inversor incluidos, no sólo en sus acuerdos con países terceros y en el de los Estados miembros, sino también en los concluidos por todos los países que acepten su jurisdicción. Aún relevante, por su potencial para fortalecer el marco internacional de inversiones, la propuesta de la UE adolece de sustanciales insuficiencias en sus términos actuales, como revelan las críticas que ha merecido. Por tanto, el proyecto europeo de un tribunal multilateral de inversiones tendrá que ser objeto de una acomodación profunda en los próximos meses, si aspira verdaderamente a contribuir a un consenso global que pueda mejorar la gobernanza internacional de inversiones.
The international investment regime is currently undergoing a process of global reform that has its core focus on the revision of the arbitration as main mechanism of investor-state dispute settlement. Its demonstrated negative impact on the political decision-making of some States, along with its inherent shortcomings, such as the absence of transparency and the lack of independence of the arbitrators, have driven the ongoing movements for its redefinition. Trying to lead this process, the European Union (EU) has proposed the creation of a multilateral investment tribunal, as a single and permanent instance, to replace all the investor-state dispute resolution mechanisms included, not only in its agreements with third countries and in those of the Member States, but also in all treaties concluded by countries that accept its jurisdiction previously. Though relevant, for its potential to strengthen the international investment framework, the EU’s proposal has substantial shortcomings in its current terms, as revealed by the criticisms it has received. Therefore, the European project of a multilateral investment court will have to be deeply reconsidered in the forthcoming months, if it truly aspires to contribute to a global consensus that may improve the international investment governance.
