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Juliana Rodríguez Rodrigo
En esta sentencia, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea vuelve a estudiar la validez de un acuerdo de sumisión que consta en unas condiciones de venta a las que no remite expresamente el contrato celebrado entre las partes. Una vez analizado el foro de sumisión del Reglamento 1215/2012, el Tribunal se centra en la aplicación del foro especial en materia contractual del artículo 7.1 al contrato objeto del litigio, contrato de concesión mercantil internacional. El órgano judicial europeo vuelve a clasificar este contrato de distribución como contrato de prestación de servicios a los efectos de que sea aplicable la letra b) del precepto mencionado. Identifica, también, la obligación de prestación del servicio con la realizada por el concesionario, esto es, la distribución en España de los productos objeto del contrato. Por último, una vez que ya se sabe que la prestación del servicio a tener en cuenta debe ser la efectuada por el concesionario, en vez de concluir diciendo que los tribunales competentes serán, por tanto, los españoles, el órgano judicial europeo expone la teoría sobre la determinación del lugar de prestación de servicio en el caso en el que hay una pluralidad de lugares de ejecución de la misma; escenario que no plantea el supuesto de hecho objeto de estudio.
In this judgment, one more time, the Court of Justice studies the validity of a submission agreement that is included in the conditions of sale to which the contract entered into between the parties does not expressly refer. Once analyzed the submission forum of Regulation 1215/2012, the Court studies the application of the special forum on contractual matters of the article 7.1 to international commercial concession contract. The European judicial court classifies the distribution contract as contract for the provision of services for the purposes of the letter b) of the aforementioned precept. The obliga-tion to provide the service is identified as the provision by the concessionaire, that is, the distribution in Spain of the products that are the object of the contract. Finally, once it is known that the provision of the service to be taken into account must be the one for the concessionaire, instead of concluding that the Spanish jurisdiction has the competence, the European judicial explains the theory on the determination of the place of provision of services in the case in which there is a plurality of places of execution of the same; scenario that does not raise the factual assumption under study.
