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Dimos Athens, Grecia
Este artículo analiza el impacto de la crisis económica y las políticas de austeridad en Grecia sobre la política de conciliación de la vida familiar y laboral, así como los cambios del comportamiento de los padres como resultado del aumento de la precariedad del mercado laboral y los cambios en las políticas del cuidado de los hijos (permisos, servicios y prestaciones). El análisis se refiere al período 2008-2016 durante el cual la economía de Grecia experimentó o bien un crecimiento negativo o bien un estancamiento.
El principal argumento presentado en este artículo se refiere a que la política de conciliación no solo no ha recibido el impacto adverso de la consolidación fiscal en gasto social, sino que ha sido uno los los escasos campos de las políticas sociales que ha sido objeto de mejoras. Este hecho se atribuye principalmente a la preocupación de los legisladores sobre la pobreza infantil y el descenso de la natalidad mientras que, en el caso de los permisos, se refleja la influencia positiva de las políticas de igualdad de género de la UE.
El mayor apoyo político y público que dichas políticas recibieron contribuyó a la sostenibilidad de las mismas. Otros factores que facilitaron la continuidad de las políticas fueron la baja tasa de natalidad, las grandes oleadas de emigración de la población juvenil a países extranjeros, el alto nivel de desempleo y la reducción significativa de los salarios mínimos. Los tres primeros factores redujeron el número de beneficiarios potenciales:
la inmigración y la baja natalidad se tradujeron en un menor número de nacimientos y de población infantil viviendo en el país, mientras que los altos niveles de desempleo provocaron que un menor número de personas tuvieran derecho a medidas como las de los permisos parentales que solo se aplican a la población trabajadora. El cuarto factor redujo el gasto económico de la prestación cuya base de cálculo es el del salario mínimo.
El sistema de permisos se mantuvo prácticamente intacto. No se produjeron cambios que pudieran empeorar el sistema, sino que, de hecho, se introdujeron algunas mejoras. Los permisos remunerados se mantuvieron como estaban y los no remunerados se ampliaron.
El desarrollo más significativo en las políticas de permisos durante este período fue la introducción del permiso maternal para los autónomos. A pesar de que este cambio venía dictaminado por la legislación europea en cuanto al tratamiento igualitario para el autoempleo, representó un gran avance que se había ignorado en los permisos de esta categoría laboral en Grecia y que se incluía ahora en la misma. Sin embargo, el nivel de la prestación es muy bajo y se sitúa por debajo del salario mínimo que se utiliza a menudo para el cálculo de la misma. Puesto que esta disposición está recogida en los Fondos de Seguro del autoempleo, cuya situación financiera empeoró en los años de la crisis, parece que el nivel de la prestación se ajustó a los recursos disponibles y no a cualquier otro principio general, aumentando con ello la preocupación sobre el tratamiento no igualitario de los trabajadores.
En cuanto al cuidado de los hijos, la situación presenta una mayor diversidad ya que la crisis tuvo un impacto negativo sobre la calidad de los servicios debido a los severos recortes del presupuesto del gobierno municipal que se ocupaba de las instalaciones y servicios públicos, así como sobre las restricciones para el contrato de personal. Aunque durante los años de la crisis se hizo patente la preocupación sobre la calidad de los servicios de cuidado de los hijos, al mismo tiempo, un nuevo programa que proporcionaba cuidados gratis a un número de niños sin precedentes alivió de alguna manera el impacto de la pobreza y los ingresos limitados de las familias, fomentó las políticas de conciliación de vida familiar y laboral y facilitó la búsqueda de empleo. Dicho programa permitió, tanto a madres trabajadoras como desempleadas cuyos ingresos familiares están por debajo de un umbral fijo, solicitar e inscribir a sus hijos en los servicios públicos o privados de su elección.
El programa tuvo muy buena acogida por parte de los padres y la demanda aumentó año tras año, esto es, el número de solicitudes se multiplicó por 7 entre 2009 y 2017. El crecimiento de esta demanda se produjo por la incapacidad de las familias más pobres de pagar incluso las bajas tasas de los servicios municipales de cuidado de los hijos, pero también por la gran popularidad del programa entre las familias de clases medias que veían sus ingresos reducidos durante la crisis. El relativamente elevado límite de ingresos que determinaba la elegibilidad para recibir la prestación, que ha sido aumentado recientemente, ha hecho que las familias de clase media la hayan solicitado de forma masiva. En respuesta a la demanda, año tras año se ha incrementado la oferta de plazas libres. El número de madres que se han beneficiado del programa se ha multiplicado por 5 entre 2009 y 2017 en tanto que el número de hijos beneficiados se ha multiplicado por 6. Aun así, todavía no se ha producido una cobertura total para los hijos que podrían beneficiarse y cuyos padres han enviado las solicitudes (cobertura del 80% en 2017).
En cuanto a los cuidados extraescolares, se trata de un sector que parece haber sufrido en menor medida los efectos de la crisis y las medidas de austeridad. El número de centros escolares que proporcionan este servicio siguió aumentando. No obstante, los recortes presupuestarios y las restricciones en la contratación de personal parecen haber influido también en la calidad del servicio.
A pesar de que la crisis económica y las medidas de austeridad dejaron intactas en gran medida a las políticas nacionales de conciliación de la vida familiar y laboral, su impacto sobre la forma en la que fueron puestas en marcha, las prácticas adoptadas, el comportamiento real de los empresarios y trabajadores y la satisfacción del trabajo de los empleados y la vida familiar fue bastante significativo. Debido a que las condiciones laborales se hicieron más precarias, un gran número de padres trabajadores, mayoritariamente madres, se encontraron en una posición débil de negociación con los empresarios, siendo incapaces de hacer respetar sus derechos al permiso parental por miedo a perder sus puestos de trabajo al mismo tiempo que aumentaba el número de casos de abuso de los derechos de los trabajadores.
Teniendo en cuenta las prácticas sobre la conciliación de la vida laboral y familiar que a veces ejercen las empresas sin respetar la legislación nacional, parece que el alcance de dichas prácticas estuvo bastante limitado incluso antes de la crisis, pero, especialmente en el período de la crisis, se veían como un «lujo». Se evidencia que, durante los años de la crisis, la clase trabajadora sufrió más estrés laboral, insatisfacción y cansancio laborales que afectaban también a la vida familiar.
Asimismo, la crisis afectó de forma significativa a los ingresos familiares disponibles. Todas las decisiones familiares se veían condicionadas en gran medida por este hecho. Por ello, las madres se movilizaron e intentaron retener u obtener un puesto de trabajo debido a la pérdida o reducción de los ingresos del padre; se buscaron opciones que fueran gratis para el cuidado de los hijos (plazas subvencionadas en guarderías o cuidados no reglados por parte de un familiar); apenas se utilizaron los permisos no retribuidos (para padres su utilización es casi nula) y los permisos retribuidos se utilizaron hasta el punto de que no afectaran de forma severa a los ingresos familiares mientras que el miedo a perder el puesto de trabajo afectó a las decisiones que tenían que tomar sobre los permisos parentales.
La necesidad de asegurar los ingresos para satisfacer las necesidades familiares básicas ha llevado a unas actitudes menos diferenciadas según el género en cuanto al modelo masculino de sustento del hogar, pero la evidencia muestra que no han afectado mucho a las actitudes y prácticas en cuanto a la división por género en el cuidado de los hijos y la solicitud del permiso.
The article studies the impact of the economic crisis and austerity in Greece on reconciliation of work-life policies and examines changes in parental behaviour as a result of the rise in labour market precariousness and changes in childcare policy (leaves, services and allowances). We examine the period 2008-2016 during which Greece has experienced either a negative economic growth or stagnation.
The main argument put forward in this article is that reconciliation policy has not only been spared by the adverse impact of fiscal consolidation on social expenditure but it has also been one of the rare social policy fields to witness improvements. This can be mainly attributed to the concern of policymakers about child poverty and falling fertility while, in the case of leaves, it reflects the positive influence of EU equality policy. The wider political and public support that the policies received helped the sustainability of the policies. Other factors that facilitated policy continuity were the low level of fertility, the large wave of immigration of young people abroad, the high level of unemployment and the significant reduction in the minimum wage. The first three factors reduced the number of eligible potential beneficiaries: immigration and low fertility meant that fewer children were born or lived in the country while high unemployment meant that less people were entitled to measures such as leaves which apply only to working people. The fourth factor reduced the financial cost of the leave benefits whose base of calculation is the minimum wage.
The leave system was almost left intact. No change for the worse was introduced in the system and in fact some improvements took place. Paid leaves remained as they were and unpaid leaves were extended.
The most significant development in the leave policy field during this period was the introduction of maternity leave for the self-employed. Although this change was dictated by European legislation on equal treatment for the self-employed, it was indeed a breakthrough provision as a totally ignored in the Greek leave system category of population was now included. However, the level of leave payment is very low and falls below the minimum wage that is often used for the calculation of benefits. As this provision is covered by the Insurance Funds of the self-employed, whose financial condition was worsened in the years of crisis, it seems that the level of payment was adjusted to available resources and not to any general principles, thus raising concern about the unequal treatment of workers.
In the childcare field, the situation is more diverse as the crisis impacted negatively on the quality of services due to the severe cuts of the budget of the Municipal Government that run public childcare facilities as well as personnel recruitment restrictions. Though concerns about the quality of childcare were obviously apparent during the years of crisis, at the same time, a new Programme that provided free childcare to an unprecedented number of children alleviated to some degree the impact of poverty and limited income on families, helped work-life balance and facilitated the search for work. The Programme allows working and unemployed mothers whose family income falls under a fixed ceiling to apply and enrol their children to public or private childcare facilities of their choice.
The Programme was very welcomed by the parents and demand raised from year to year i.e. the number of applications increased by 7 times between 2009 and 2017. The growth of demand stemmed from the inability of poor families to pay even for the relatively low fees of municipal childcare facilities, but also from the popularity of the programme amongst middle-class families that saw their income shrink during the crisis. The relatively high income ceiling used to determine eligibility –recently further increased– has allowed middle-class families to apply in great numbers. In response to demand, a year by-year increase in the number of free places offered has taken place. The number of mothers that benefited from the Programme increased by almost 5 times between 2009 and 2017 while the number of benefited children rose by almost 6 times. Yet, there is still no full coverage of eligible children whose parents submitted applications (80% coverage in 2017).
As regards out-of-school care, this is an area that seems to have been affected to a lesser degree by the crisis and the austerity measures. The number of schools providing this service continued to increase. However, budget cuts and restrictions in personnel recruitment seem to have affected the quality of the service too.
Though economic crisis and austerity measures left to a large extent intact national work-life policies and measures, their impact on the way that they were implemented, the practises adopted, the actual behaviour of employers/employees and employee work and family life satisfaction was quite significant. As employment conditions became more precarious, great numbers of working parents, mostly mothers, were found in a weak bargaining position relative to employers, thus unable to enforce their leave rights for fear of losing their job while increased number of cases of abuse of workers’ rights were recorded.
Regarding the work-life practices that enterprises sometimes implement beyond the national legislation, it seems that the extent of such practices was very limited even before the crisis but particularly in conditions of crisis such practises were seen as a «luxury».
Evidence also seems to document that during the years of crisis working people experienced more work stress, work dissatisfaction and tiredness that affected family life too.
The crisis affected also significantly the available family income. All family decisions were to a large extent determined by this fact. So more mothers were activated and tried to retain or obtain a position of employment due to the loss/reduction of the father’s income; childcare solutions that were free of cost were sought (subsided places in kindergartens or informal family care); non-paid leaves were were hardly used (for fathers their use is almost nil) and paid leaves were used to the extent that these did not severely affect family income while the fear of losing one’s job seems to have affected parental leave decisions.
The necessity to ensure an income to meet basic family needs has led to less gender differentiated attitudes with regard to employment and the male bread-winning model but evidence shows that these have not much affected attitudes and practices as regards the gender division of care and leave take-up.
