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Sara Mazzucchelli
La legislación italiana sobre la protección de la familia con respecto a la maternidad y la infancia se ha modificado considerablemente en las últimas décadas, principalmente con el objetivo de mejorar el bienestar de los hijos, pero también con el de crear mejores condiciones para conciliar la maternidad y los derechos laborales.
Tras las innovadoras Leyes 1204 de 1971 y 903 de 1977, que ofrecían protección a las mujeres trabajadoras y un tratamiento igualitario del trabajo entre hombres y mujeres, respectivamente, la Ley 53 de 8 de marzo de 2000 (Legislación sobre el apoyo y salvaguarda de la maternidad y paternidad, el derecho al cuidado y la coordinación del tiempo en las ciudades) cambió significativamente la legislación que regulaba los derechos laborales con relación al cuidado de los hijos. De hecho, esta ley introduce por primera vez en Italia el derecho individual de los hombres trabajadores con hijos menores para solicitar la baja parental, desterrando la idea de que el cuidado de los hijos era solamente responsabilidad de las madres. Asimismo, la ley tiene en cuenta a las parejas parentales (más que a los padres de forma individual) como referente esencial dentro del proceso de desarrollo del hijo. La visión subyacente de la paternidad es, por tanto, una relación de corresponsabilidad parental.
Tras resumir los puntos fuertes y débiles de la Ley 53 de 8 de marzo de 2000, este artículo analiza los grandes procesos de transformación que se han producido en la legislación italiana en cuanto a las bajas laborales: la puesta en marcha de la Ley del Trabajo (Decreto legislativo de 15 de junio de 2015, n. 80) que ha marcado una vía innovadora; y, sobre todo, las medidas contenidas en la Ley Presupuestaria de 2017 (Ley de 11 de diciembre de 2016 n. 232) y la Ley Presupuestaria de 2018 (Ley de 27 de diciembre de 2017 n. 205)- las principales normas establecidas por el sistema legislativo italiano para el ajuste de las políticas económicas en los próximos tres años a través de medidas fiscales.
El caso de Italia plantea cuestiones sobre el diseño de las políticas de permisos parentales, su impacto sobre las prácticas de paternidad y la discriminación por género en cuanto a la asignación de las tareas para el cuidado de los hijos: en realidad, las medidas introducidas en Italia promueven un modelo de «sostén familiar masculino con un permiso de corta duración» (Wall, 2008), en el cual la implicación de los padres en el cuidado de los hijos es todavía muy limitada; dichas políticas también confirman el papel central de la mujer en el trabajo doméstico y el cuidado de los hijos, así como su escasa presencia en el mundo laboral, en comparación con la mayoría de los países de la UE (Rossi, Carrà, y Mazzucchelli, 2009).
La nueva legislación (Ley del Trabajo y Ley Presupuestaria) introduce un importante cambio cultural en el contexto legislativo: desde el punto de vista cultural enfocado en el reparto de tareas de paternidad y el protagonismo de la familia como el principal protagonista de los cuidados a la cultura de contraprestación marcada por una fuerte segregación por sexo donde el protagonista principal no pertenece ni a la red de parentesco ni es externo a la familia y o al núcleo familiar (cuidadores o guarderías). Para comprender mejor esta ley y su impacto es necesario, sin embargo, analizar la relación entre las diferentes políticas de la familia, es decir, la baja maternal, cuidado de los hijos, regulación de las horas de trabajo y los beneficios fiscales (Ejrnæs, 2008). Además, es importante intentar comprender la compleja relación existente entre el escenario de las políticas de bienestar y la más amplia configuración del marco socioeconómico e institucional dentro del cual se sitúa el sistema de bienestar italiano.
A pesar de que los datos de los últimos años son cada vez más escasos, las publicaciones resaltan el alcance de los permisos parentales, pero no hablan sobre la satisfacción de los padres sobre las soluciones que han adoptado. No obstante, las últimas conclusiones sobre la conciliación de vida laboral y familiar (ISTAT, 2011) muestran que para más de la cuarta parte de los padres el período crucial es el de los años de escolarización primaria de sus hijos, que se alarga hasta después del comienzo de su educación secundaria. Estos datos se contradicen con la creencia general de que los problemas para la conciliación de la vida laboral y familiar afectan únicamente a los primeros años de vida de sus hijos (0-3). La prolongación de los permisos parentales hasta la edad de 12 años muestra una cierta apertura sobre las necesidades reales de las familias, pero, según los datos mostrados más arriba, demuestra que estas políticas son todavía insuficientes.
Si analizamos los motivos por los cuales los padres no utilizan los permisos (ISTAT, 2011) podemos observar que se sirven de diversas estrategias alternativas para el cuidado de los hijos. Este hecho sugiere que los recursos proporcionados por el sistema de políticas sociales deben satisfacer las necesidades de las parejas que buscan una vía apropiada para enfrentarse al reto de la transición a la paternidad (Donati, Prandani, 2008). Sin embargo, para lograr un enfoque más personalizado sobre las necesidades de las familias individuales se requiere que estas tengan la capacidad de evaluar y recombinar de forma eficaz sus recursos reales.
Finalmente, no debe dejarse de pasar por alto la existencia de ciertas limitaciones metodológicas. El hecho de que los datos de investigación disponibles se refieran a los individuos dificulta la discusión relacional del problema (Rossi, 2009). Además, los permisos no se utilizan de igual forma por parte de hombres y mujeres sino que depende de la educación de los padres, ingresos y situación laboral; difieren tanto de forma individual como entre las parejas, con lo cual el impacto de las políticas de permisos es desigual; es más, la ausencia de datos comparativos fiables sobre la elegibilidad y los porcentajes de prestación dificultan poder comparar los diferentes grupos socioeconómicos o evaluar de forma adecuada las distintas políticas de permisos.
The Italian norms protecting the family with regard to maternity and childhood have been considerably modified in the last few decades, mainly with the aim of improving children’s wellbeing but also in order to create better conditions for reconciling maternity and work rights.
Following the ground-breaking laws Nos. 1204 of 1971 and 903 of 1977 –which offered protection to working mothers and equal treatment of men and women at work respectively– Act No. 53 of 8 March 2000 (Provisions on Maternity and Paternity Safeguard and Support, the Right to Care and Time Coordination in the Cities) significantly changed legislation regulating employment rights in relation to childcare. For the first time in Italy, in fact, it introduces the individual right of male employees with small children to take parental leave, thus undermining the idea of childcare as a women-only responsibility.
Besides, the law considers the parental couple (rather than the individual parents) the essential reference for the child’s growth process. The underlying vision of parenting is thus a co-responsible inter-parental relationship.
Having summarized strengths and weaknesses of Act No. 53 of 8 March 2000 this paper explores the great transformation processes occurred in the Italian legislation on leaves:
the implementation of Jobs Act (Legislative Decree 15 June 2015, n. 80) that has developed innovative pathways; and, above all, the measures contained in the Budget Law 2017 (Law of 11 December 2016 n. 232) and in the Budget Law 2018 (Law of 27 December 2017 n. 205)– the main rules laid down by the Italian legal system to adjust economic policy in the next three years through fiscal policy measures.
The Italian case raises wider questions about the design of parental leave policies, their impact on parenting practices and the gendering of care: the measures introduced in Italy actually fosters a «short-leave male breadwinner» model (Wall, 2008), where the involvement of fathers in care is still very limited; they also confirm the centrality of women to domestic and care work, as well as their scarce presence in the labour market, compared with the majority of other EU countries (Rossi, Carrà, & Mazzucchelli, 2009).
The new norms (Jobs Act and Budget laws) introduce a significant cultural shift in the legislative context: from a culture centred on the sharing of parenting and on the enhancement of the family as main care actor to a workfare culture, marked by a strong gender segregation and where the primary care actor is external to the family and kinship network (nanny or day-care). For a better and complete understanding of the law and its impact, it is however necessary to look at the interplay of different family policies, i.e. on leave, childcare, working time regulation and tax benefits (Ejrnæs, 2008). It is moreover important try to understand the complex relationship between the arena of welfare policies and the wider configuration of socio-economic and institutional frameworks within which the Italian welfare regime is placed.
Whilst highlighting the extent to which parental leave is used –more and more lacking datum in recent years– the literature does not tell us about parents’ satisfaction with the solutions they have adopted. The latest findings on reconciliation (ISTAT, 2011), however, show that for over a quarter of parents the most crucial time is their children’s schoolage years, also stretching to after their entry into higher education. This challenges the general belief that the work-family reconciliation problem coincides solely with children’s early years (0-3). Extending parental leave until a child’s 12th year already shows a certain openness towards understanding families’ real care needs but the above data, however, shows that this understanding is still insufficient.
An analysis of parents’ apparent motives for not using the leave (ISTAT, 2011) also shows that they count on alternative, diversified childcare strategies. This suggests that the resources provided by a social policies system must meet the requirements of couples who seek a suitable way for tackling the challenge of the transition to parenthood (Donati, Prandini, 2008). A more personalised approach to the needs of individual families, however, also requires families to have the capacity to evaluate and effectively re-combine their actual resources.
Finally, the presence of certain methodological limitations must not be overlooked. The fact that research data from various sources refer to individuals hinders a relational discussion of the issue (Rossi, 2009). Also leave is used differently not only by women and men but depending on parents’ education, income and employment situation; and these differ both individually and between partners, making the impact of leave policies uneven; moreover, the absence of good comparative data on eligibility and take-up rates makes it difficult to compare different socio-economic groups or make proper evaluations of different leave policies.
