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Esther Ibarra Rosales
Es bien cierto que el cumplimiento del derecho a la educación comprende diversos aspectos y componentes, pero en el centro del círculo está el financiamiento. Los tratados internacionales y regionales de derechos humanos que incluyen el derecho a la y en la educación no establecen de manera explícita el tema del financiamiento de la educación; ni tampoco la agenda educativa global ha precisado el monto o porcentaje que los gobiernos deben destinar a la educación; pero ha adoptado como indicador privilegiado los recursos económicos de la educación en relación al porcentaje del PIB de cada país. El Protocolo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Organización de Naciones Unidas (2008) ha hecho hincapié en que ante falta de recursos económicos, los Estados deben hacer el máximo esfuerzo para cumplir con su obligación de destinar recursos a la educación, particularmente a la primaria obligatoria y en forma progresiva para los subsecuentes niveles. Desde una perspectiva comparada, en esta comunicación se analiza el financiamiento educativo en los países latinoamericanos como elemento clave de toda política educativa, sobre la base de su regulación en las leyes generales de educación. El propósito es conocer la configuración legislativa respecto a los términos de su normatividad; la visión del financiamiento (inversión o gasto); los niveles educativos gratuitos o que son financiados con recursos públicos; indicadores de asignación (porcentaje de PIB u otros), corresponsabilidad financiera (entre niveles de gobierno) y fiscalización (mecanismos de su aplicación y/o rendición de cuentas)
It is true that the realization of the right to education comprises several aspects and components, but at the center the circle is financing. International and regional human rights treaties, which include the right to education, do not establish explicitly the issue of educational funding. Furthermore, in the global educational agenda, the international community has not specified the percentage that governments should allocate to education, but has also adopted, as a privileged indicator, economic resources of education related to the percentage of GDP of each country. The Protocol to the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights of the United Nations (2008) has emphasized that, due to lack of financial resources, States should make an especial effort to fulfill its obligation to allocate resources to education, particularly to basic school and, progressively, for subsequent levels. From a comparative perspective, this in article analyze the educational funding in Latin American countries, as a key element of any educational policy, based on its regulation in the general education laws. The purpose is to recognize the legislative configuration regarding to the terms of its regulations; the vision of financing (investment or expenditure); the gratuitous educational levels or publicly funded; allocation indicators (percentage of GDP or other), financial responsibility (between levels of government) and supervisory methods (mechanisms of implementation and / or accountability).
