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Héctor Olásolo Alonso 
, Enrique Carnero Rojo, Dalila B. Seoane, Lucía Carcano
Desde la entrada en vigor del Estatuto de la Corte Penal Internacional en 2002, el desarrollo de las actividades de la Corte ha estado plagado de dificultades y sus procedimientos no han tenido el alcance y desarrollo que se esperaba cuando se aprobó su Estatuto. La excesiva duración de los exámenes preliminares, el limitado número de juicios completados y las contadas órdenes de reparación dictadas en sus primeros quince años de funcionamiento demuestran esta realidad.
Esta situación se debe, en particular, a la reticencia de los principales Estados que conforman la Comunidad Internacional a convertirse en parte del Estatuto de la Corte y al énfasis de la política criminal de la Fiscalía en terminar con la impunidad de los máximos responsables de los crímenes internacionales más graves. Desafortunadamente, estas circunstancias no tienen visos de ir desapareciendo progresivamente en el medio plazo.
Since the entry into force of the Statute of the International Criminal Court in 2002, the activities of the Court have been fraught with difficulties and its proceedings have not had the scope that was expected when the Statute was adopted. This is shown by the protracted duration of the preliminary examinations, the limited number of finalised trials and the handful of reparation orders issued to date. This situation in due, in particular, to the reluctance of the Major Powers in the international community to become parties to the Statute of the Court and the emphasis placed by the Office of the Prosecutor in putting an end to impunity for those most responsible for the most serious international crimes. Unfortunately, it is unlikely that these circumstances will disappear in the medium term.
