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En multitud de zonas del territorio nacional nos encontramos con ámbitos en los que los propietarios (agrupados en una Entidad Urbanística de Conservación) tienen que hacer frente a los gastos de mantenimiento y conservación de la urbanización, actualmente en multitud de supuestos previstos a «perpetuidad», y se va abriendo paso la tendencia de poner fecha límite a esa carga al ser el Ayuntamiento el destinatario natural de esa obligación.
