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La autora comenta la sentencia del Tribunal Supremo de 15 de marzo de 2018 que reconoce validez al testamento otorgado por una mujer incapacitada por sentencia judicial. Cuestiona la contradicción que supone que al discapacitado judicialmente le está vedado disponer de sus bienes, pero pueda realizar actos de disposición mortis causa si no se le ha prohibido expresamente y cuenta con el dictamen favorable de dos facultativos dictaminan.
