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Ana Díaz Aldret
Cada vez más los megaproyectos o desarrollos de gran envergadura contribuyen a definir las políticas de desarrollo urbano. Se trata de proyectos asociados a transporte o a la construcción de infraestructura que implican grandes cambios y modificaciones del espacio, y en los que salen a relucir relaciones de poder, intereses divergentes, desigualdades en la distribución de los costos y beneficios involucrados, así como las distintas capacidades de los actores. Suelen ser proyectos poco transparentes pues los agentes promotores (usualmente el gobierno) afrontan con opacidad el riesgo que significa la oposición que generan. Por otra parte, la transformación de la agenda de políticas urbanas avanza por la ruta de formas de gobernanza más horizontales y por la consideración de los impactos medioambientales. En consecuencia, la incorporación de la participación ciudadana en la toma de decisiones de política pública aparece cada vez más como un recurso para la gobernabilidad y la gobernanza urbanas. La construcción de la línea 12 o Línea Dorada del Sistema de Transporte Colectivo Metro de la Ciudad de México es un caso que permite poner a prueba los principales postulados de ambos desarrollos teóricos, tanto el de los megaproyectos, como el de la incorporación de la participación ciudadana como medio para lograr políticas públicas más eficaces, justas y legítimas. En este artículo se examinan los mecanismos activados por el gobierno para consultar a la población, y también las estrategias desplegadas por algunos sectores que se vieron particularmente afectados por las obras o por el proyecto en general. Se corrobora que se trató de un proyecto donde imperaron la desinformación y la falta de comunicación con la población afectada y en el que los mecanismos activados por el gobierno fueron los mínimos para cumplir con la ley. Una vez generados los conflictos, se optó por mesas de diálogo o procesos de negociación en corto que no se corresponden con el tipo de mecanismos que se prescriben desde la teoría de la participación ciudadana cuando ésta se incorpora a la toma de decisiones de política pública.
Megaprojects contribute increasingly to urban development policies. These are projects associated with transport or infrastructure development that involve major transformations and changes in space. Power relations, divergent interests, inequalities in the distribution of the costs and benefits involved, as well as actors’ different capacities become apparent. Megaprojects tend tobe non-transparent as promoters (usually the public sector) face with opacity the risk of major opposition. On the other hand, transformation of the urban policy agenda advances towards more horizontal arrangements, collaborative processes and consideration of environmental impacts. Consequently, citizen involvement in policy decisión-making increasingly appears to be a resource for urban governance. The execution of the line 12 project of the Mexico City’s Underground Transport System is a good case to test the main thesis of both theoretical developments: megaprojects and citizen involvement as a mean to achieve more effective, equal and legitimate policies. This article examines both the mechanisms activated by the local government in order to consult the population and the strategies deployed by some sectors that were particularly affected by the project. It is proved that disinformation and the lack of communication prevailed and mínimum mechanisms to engage citizens were activated. Once conflicts became visible, the local government chose dialogue tables with opponents and less visible negotiation processes that do not correspond to the type of mechanisms that favor open and democratic processes of citizen engagement in policy decision making.
