Resumen de Políticas públicas sobre cuestiones morales conflictivas: el caso de la despenalización del consumo de drogas en Argentina

Santiago Cunial

• español

  Desde comienzos del siglo XXI, diversos Gobiernos han desarrollado estrategias alternativas al enfoque punitivo para enfrentar los problemas derivados del uso de drogas ilegalizadas, reivindicando en cambio una perspectiva de salud pública y derechos humanos. En Argentina, el debate por la despenalización del consumo de drogas ilegales tuvo su cénit en 2012, cuando se presentaron varios proyectos de ley que apuntaban a modificar la Ley 23 737 sobre estupefacientes. Después de varios meses de debate en comisión, se consensuó un proyecto, pero el partido oficialista Frente para la Victoria (FPV) bloqueó su discusión en el pleno. El artículo argumenta que la decisión del FPV se funda en que el tema movilizó a un actor de la sociedad civil, la Iglesia católica, que competía con el oficialismo por un mismo electorado y se atribuyó una «autoridad moral» sobre la cuestión del uso de drogas que la convirtió en propietaria del problema. El estudio cualitativo recupera la técnica de rastreo de procesos (process tracing), con base en la revisión de fuentes secundarias, el análisis de los datos del Argentine Panel Election Study 2015, del proyecto «Elites parlamentarias de América Latin» (‍Alcántara, 1994-‍2011) y entrevistas a informantes clave.

• English

  Since the beginning of the twenty first century, several governments have been developed strategies to face problems derived from illegal drugs use, alternative to the punitive approach, vindicating instead a perspective based on public health and human rights. In Argentina, the debate on decriminalization of illegal drugs consumption peaked in 2012, when several bills aimed at amending Law 23 737 on narcotics entered Congress. After several months of debate at committee stage, an agreement was reached on a project, but the incumbent Frente para la Victoria (FPV) prevented it from being discussed in the plenary. This article argues that the FPV’s decision was due to the fact that it mobilized a social actor, the Catholic Church, who competed with the ruling party for the same electorate; it attributed itself a «moral authority» on the issue of drug use and won the ownership of the problem. This qualitative analysis recovers the process-tracing technique, based on the survey of secondary sources, the analysis of data of the Argentine Panel Election Study 2015, the project «Parliamentary Elites in Latin America» (‍Alcántara, 1994-‍2011) and interviews with key informants.