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César Tolosa Tribiño
El artículo comienza por señalar que el Tribunal de Cuentas es un órgano que no se integra en el Poder Judicial, pero que ejerce una actividad asimilable a la propia de la jurisdicción deslindable de la ordinaria civil y penal y de la contencioso administrativa.
En cuanto a la conexión entre la competencia del Tribunal de Cuentas y la del Tribunal Supremo se produce respecto de la función jurisdiccional del primero, pero no de la fiscalizadora y se articula a través del recurso de casación.
A este respecto se estudia la cuestión a la luz de la nueva regulación del recurso de casación, haciendo hincapié en el concepto de «interés casacional objetivo» y a la solución a las diversas cuestiones planteadas por el Auto de 31 de mayo de 2017, que despeja cuatro dudas: qué resoluciones son susceptibles de recurso de casación, si han de superar cierto umbral, si el recurso ha de fundarse en algún motivo casacional con- creto y el contenido de los escritos de preparación
The article begins pointing out that even though the Spanish Court of Auditors may not be included in the judiciary, it actually performs a judicial activity aside from that of the Civil, Criminal and Contentious Administrative jurisdictions.
Regarding the respective jurisdictional capacity of both the Court of Auditors and the Supreme Court, and excepting the audit functions, the judicial activity of the former is determined by the cassation appeal.
In this respect, the article analyzes the new regulation on cassation appeal focusing on the concept of the «objective cassation interest» and solving the doubts raised by the judgement made by Auto on May 31st 2017, which were specifically four: which decisions are suitable for cassation, whether there is a minimum amount requested, if the cassation appeal must meet any cassation interest in particular and the content of the preparation documents
