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Esther Solano 
Lula en la cárcel, Rousseff fuera de Planalto y Temer no consigue gobernabilidad. La crisis política, económica y social en Brasil se agrava por el crecimiento de la extrema derecha.
Brasil celebra en octubre un proceso electoral muy complicado. El clima que impera en el país es de gran descrédito de las instituciones políticas. El proceso de impeachment a Dilma Rousseff entre 2015 y 2016 fue calificado por muchos como “golpe jurídico-parlamentario”, supuso una ruptura política dramática y un trauma social, fragilizó el orden democrático previo y aceleró los procesos de descomposición política, así como la pérdida de confianza en las estructuras representativas. En uno de los países más desiguales del mundo, los brasileños de repente se dieron cuenta de que la conciliación lulista –el pacto entre los de arriba y los de abajo, que permitía a estos últimos entrar en la pirámide de la ascensión social a través del consumo, al tiempo que los de arriba se enriquecían todavía más– ya no funcionaba. Al impeachment de 2016 se unió en abril de 2018 otro golpe para la sociedad brasileña: la entrada en prisión del presidente más popular de su historia, Luiz Inácio Lula da Silva, quien llegó a gobernar con una popularidad del 87% en 2010.
Lula en la cárcel, Rousseff fuera del Planalto y el actual presidente, Michel Temer, sin conseguir gobernabilidad. Las razones de esta incapacidad para hacerse con las riendas del país son diversas: un Congreso enormemente pulverizado en partidos que actúan como siglas de poder y no como configuraciones ideológicas (35 están oficialmente registrados en el Tribunal Supremo Electoral), unas elecciones inminentes que colocan la agenda electoral por delante de una agenda que procure estabilidad nacional, una sociedad escindida entre quienes defendieron el impeachment y los que estabn a favor de la permanencia de Rousseff en el gobierno, una crisis económica en aumento, la operación Lava Jato multiplicando el sentimiento antipolítico entre la población, la pérdida de apoyo del mercado ante el fracaso de la gestión política de Temer y su absoluta falta de legitimidad y de su grupo más próximo, enfangado también en escándalos de corrupción y comportándose más como caciques de Brasilia que como representantes de la ciudadanía.
Crisis política, crisis económica y crisis social. Hay que tener en cuenta que Brasil no es un país con un Estado de bienestar fuerte. Una gran parte de los brasileños está en situación de vulnerabilidad y, ante cambios políticos drásticos que, además, suponen una agenda de recortes a las ya escasas ayudas sociales, se quedan en situación de desamparo, aumentando el desgaste en el tejido social brasileño. Así, los índices de pobreza, de mortalidad infantil o desnutrición están subiendo en algunas regiones del país, especialmente el noreste. El lado humano de la crisis es muy deshumano para una sociedad con tantas carencias.
Por otra parte, los abusos de un poder judicial hinchado y militante políticamente, que invade las funciones del legislativo, judicializa la política y no respeta el equilibrio de poderes, empeora la crisis política. La dinámica del combate contra la corrupción en su versión “lavajatista” tampoco ayuda a establecer la armonía social. Si bien la lucha contra la corrupción es urgente y necesaria, los métodos de Lava Jato son muy dudosos. La justicia penal aplicada por el juez Sérgio Moro y aliados impone una rutina judicial teatralizada que parece más preocupada por la opinión pública, por ganar primeras páginas de prensa, por la lógica de la audiencia y del marketing que por la cautela e imparcialidad que deberían guiar la acción de la judicatura. Se trata de un populismo judicial altamente moralista, donde la sociedad percibe al juez Moro y el grupo de fiscales de Lava Jato –o el propio Tribunal Supremo– no como magistrados que deben impartir justicia sino como héroes, salvadores, jueces estrella, incumbidos de la tarea de “limpiar Brasil”, con un cierto apelo seudorreligioso. Justicia mesiánica que en nombre de salvar Brasil no se atiene al respeto de las garantías del debido proceso penal, atropellando los derechos de los presuntos implicados porque el político corrupto es presentado como el “mal”, el “cáncer a extirpar”, el “enemigo”. Este modo de proceder judicialmente amenaza con convertirse en un factor de corrosión democrática. Consecuencia también de la hiperespectacularización de la justicia y del papel de los medios de comunicación como tribunal es el aumento entre los brasileños de la creencia de que todos los políticos son corruptos, así como la asociación directa entre política y corrupción. Para gran parte de los ciudadanos, la política postMensalão y postLava Jato es algo sucio y vergonzante, sentimiento que favorece posturas políticas autoritarias y antidemocráticas que se presentan como antisistema u outsiders…
