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Salvador Martí Puig 
La Nicaragua de Ortega evoluciona en paralelo a la Venezuela de Maduro: desmantelamiento de las instituciones y represión de las protestas.
Los derroteros que ha seguido la política nicaragüense a lo largo de la historia son únicos. En poco más de un siglo Nicaragua ha experimentado una ocupación norteamericana, un régimen liberal oligárquico, una represiva dictadura familiar, otro régimen revolucionario de corte socialista, una democracia liberal y, desde 2007 (con la vuelta de Daniel Ortega al poder) un sistema híbrido que combina instituciones formalmente democráticas con elecciones autoritarias. Desde abril de 2018, el país se desliza hacia una violenta dictadura.
Nicaragua irrumpió en la escena internacional a raíz de la Revolución Sandinista (1979-90), y aún hoy todo lo que ocurre en el país se asocia o relaciona a ella. Pero ha llovido mucho desde entonces, y en la actualidad ni Ortega ni el FSLN (Frente Sandinista de Liberación Nacional) representan lo mismo que en la década de los ochenta. Es más, desde la vuelta al poder de Ortega –a raíz de unas singulares elecciones en 2006– Nicaragua ha experimentado un progresivo proceso de desinstitucionalización y de involución democrática, fenómeno al que se ha sumado la gestión arbitraria de ingentes recursos económicos en beneficio de los familiares y los allegados del presidente.
En principio, parecía que la vuelta del FSLN daría cuenta de la clásica frase que Karl Marx acuñó en El Dieciocho Brumario de Luis Bonaparte: “la historia se repite dos veces: una vez como tragedia y otra como farsa”. Muchos pensaban que la vuelta de Ortega, del brazo de su mujer Rosario Murillo (ahora vicepresidenta), con consignas esotéricas, gigantes árboles metálicos y estandartes de color rosa chicle tenía visos de farsa. Sin embargo, desde mediados de abril, se ha visto que no: vuelve a asomarse la tragedia en el país.
La revuelta estudiantil EL 19 de abril de 2018, para sorpresa de todos, estallaron protestas impulsadas por miles de estudiantes que se manifestaban por una multitud de agravios acumulados. Si bien las demandas iniciales se centraban en el rechazo de una reforma en las cotizaciones del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) y por la pésima gestión del gobierno ante un incendio que asoló parte de la Reserva Biológica Indio Maíz, las movilizaciones rápidamente se transformaron en un rechazo a la forma autoritaria, patrimonial y plutocrática de gobernar por parte de la pareja presidencial. Ante estas protestas, el gobierno acusó a los manifestantes de “mezquinos, terroristas, mediocres y delincuentes” (en palabras de Murillo) y respondió con una desproporcionada represión…
