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En esta contribución se analiza la reciente STC 34/2018, de 12 de abril, en la que por primera vez el Tribunal Constitucional se pronuncia sobre el alcance de la potestad del Ejecutivo de otorgar su disconformidad a las iniciativas legislativas parlamentarias que supongan un aumento de los créditos o, disminución de los ingresos presupuestarios en virtud el artículo 134.6 de la Constitución Española (CE) y de su desarrollo reglamentario en el artículo 126.2 del Reglamento del Congreso de los Diputados (RCD).
