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La integración de España en la Unión Europea ha transformado notablemente el sistema tributario nacional. Las cuestiones prejudiciales formuladas por los tribunales económico-administrativos y por los jueces han permitido controlar la conformidad de la legislación y de las liquidaciones tributarias españolas con las directivas europeas sobre fiscalidad, pero también con la observancia de las libertades económicas fundamentales y con el régimen europeo de ayudas de Estado. Los efectos del Derecho de la Unión se traducen en el Derecho español en la potestad de los jueces de inaplicar leyes, de anular normas reglamentarias y liquidaciones tributarias y de reconocer indemnizaciones por daños causados por el incumplimiento del Derecho europeo y de recuperar las ayudas, incluidas las fiscales, ilegalmente concedidas a las empresas.
