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Desde la entrada en vigor de la Constitución actual, en 1917, el derecho al voto en México parece ser un privilegio para ciertos ciudadanos, en vez de un derecho fundamental otorgado a todo mexicano mayor de edad. Esta situación es contraria a las disposiciones de diversos tratados internacionales en materia de derechos humanos que México ha ratificado, y ante los cuales no se ha opuesto reserva alguna en ese sentido. Por lo tanto, nuestro país podría estar violando flagrantemente los derechos electorales de las personas que se encuentran en prisión —reos—, así como incumpliendo sus obligaciones internacionales. En el presente artículo se hacen algunas sugerencias, a fin de señalar algunas maneras en que dicha situación podría mejorar, así como posibilidades para contrarrestar las disposiciones que prohíben el voto a través de un proceso constitucional.
Ever since the promulgation of the Constitution in 1917, the right to vote in Mexico has been understood legally as a privilege for certain citizens, instead of a fundamental right granted to every Mexican national who is at least 18 years old. This situation contravenes the provisions of several international human rights conventions that the country has ratified, to which no reserve in that sense has been submitted. In particular, Mexico is flagrantly violating the electoral rights of persons in prison —convicts—, while failing to comply with its international obligations. A few suggestions are considered within this article, which aims at pointing out ways to improve the situation, as well as some possibilities to legally challenge the provisions which establish the prohibition to vote.
