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Laura Hamister
La ley mexicana relativa al desarrollo de fuentes de energía renovable no es compatible con los derechos de su población indígena. Específicamente, existe un conflicto en el Istmo de Tehuantepec, una región que tiene energía eólica abundante y que también es el hogar de muchas personas indígenas en el estado de Oaxaca. La utilización de la energía eólica disponible ha tenido consecuencias negativas para los habitantes originarios del Itsmo, porque la política energética expansiva de México entra en conflicto con los derechos de los terratenientes indígenas. Estos intereses y derechos no tienen que estar en competencia. Usando la energía eólica que está disponible se puede lograr la construcción del campo eólico de una manera que incorpora los intereses de desarrolladores potenciales de la energía eólica y la gente indígena. Respecto a la legislación mexicana que tiene que ver con energía, necesita disposiciones más específicas sobre su aplicación, y sanciones para proteger adecuadamente las necesidades de las personas indígenas. Estos cambios se ajustarán a la importante legislación mexicana sobre los derechos de la población indígena. Reducir el uso de tácticas de negociación injustas, asegurar que las negociaciones contractuales se llevan a cabo en el idioma correspondiente, amplificar de la participación indígena en los beneficios económicos del desarrollo de la energía eólica, y asegurar que las consecuencias ambientales negativas se atenúen, son todas maneras en que el desarrollo eólico en el Istmo puede lograrse con éxito.
Mexico’s current law and policy regarding development of renewable energy sources is incompatible with the legal rights of its indigenous population. Specifically, a conflict exists in Mexico’s Isthmus of Tehuantepec, a region that is both plentiful with wind power and the longtime home of many indigenous persons of the state of Oaxaca. The desire to harness the available wind energy has resulted in negative ramifications for the original inhabitants of the Isthmus, as Mexico’s expansive energy policy conflicts with the rights of indigenous landholders in Oaxaca. These interests need not be competing. Utilizing the available wind energy through the construction of wind farms can be accomplished in a manner that accommodates the interests of potential wind developers and indigenous people. Regarding Mexico’s energy legislation, more specific provisions regarding enforcement and potential sanctions are necessary to adequately protect the needs of the indigenous people. This would complement Mexico’s substantial legislation regarding the rights of indigenous people. Reducing the use of unfair bargaining tactics, assuring that contractual negotiations are conducted in the appropriate language, expanding the indigenous participation in the economic benefits of wind development, and ensuring that the negative environmental ramifications are mitigated are all manners in which wind development in the Isthmus may be achieved successfully.
