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Fabio Morosini, Luciano Vaz Ferreira
Este documento analiza las nuevas iniciativas legales en la regulación de soborno corporativo en Brasil. La corrupción es un problema endémico presente en muchos países, incluyendo países de economía emergente, como Brasil. El desarrollo y la implementación de políticas de lucha contra la corrupción implica necesariamente el modelo de “gestor-agente-cliente” de Klitgaard. Basándose en esta teoría, es importante crear un sistema de sanciones e incentivos que también se centren en la figura de “cliente”, el sector privado, sujeto muchas veces a no ser tenido en cuenta en las leyes de anticorrupción. En la presente investigación, se constató que las antiguas leyes brasileras sobre corrupción no proporcionan un régimen jurídico consistente capaz de prevenir y sancionar el uso del soborno por las empresas. Desde este escenario, se observa que el país inició, en los últimos años, un proceso de cambio institucional, desarrollando nuevos mecanismos de lucha contra la corrupción. La creación de la Contraloría General de la Unión, órgano gubernamental federal especializado en el control de corrupción es un hito. La gran promesa es la implementación de la Ley No. 12.846, que entrará en vigor en 2014. La nueva ley prevé sanciones muy graves para las empresas envueltas en soborno. Un aspecto interesante es la creación de mecanismos de incentivos destinados a la cooperación con la fiscalización de gobierno, como los acuerdos de tolerancia y la previsión de reducción de la pena en la existencia de programas de cumplimiento, cuya utilización carece de una definición precisa. Los autores siguen siendo optimistas acerca de esta nueva iniciativa, a la espera de su evolución.
This note explains the new legal initiatives in the regulation of private corporate bribery in Brazil. Corruption is an endemic problem in many States, including ones with an emerging economy such as Brazil. The development and implementation of anticorruption policies necessarily goes through Klitgaard’s “Principal-Agent-Client” model. According to this theory, it is important to create a system of punishment and incentive that focuses also on the “client,” the private sector, a subject often forgotten in the drafting of anticorruption laws. This note argues that previous Brazilian corruption laws did not foresee a consistent legal framework capable of preventing and punishing companies’ use of bribery. In this scenario, one can observe that Brazil began a process of institutional change over the course of recent years, which consisted of developing new anti-corruption mechanisms. The creation of The Office of Comptroller General (Controladoria Geral da União), a federal government organ specialized in corruption control, is a landmark. The implementation of Law No. 12.846, which will enter into force in 2014, shows great promise. The new law predicts harsher punishments to companies involved in bribery. One interesting aspect is the creation of incentive mechanisms directed at cooperation with government inspection, leniency agreements and a provision to decrease punishment when compliance programs are implemented. Although in order for it to be put into practice, the latter demands a more precise definition. The authors are optimistic about this new initiative and await further developments.
