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Se efectúa un análisis de supuestos de ocupación ilegal de terrenos, llevados a cabo por las Administraciones públicas, sin que medien actuaciones que reúnan los caracteres típicos de los delitos de expropiación ilegal y prevaricación administrativa de autoridades o funcionarios públicos y que, por tanto, estarían dentro del ámbito de la jurisdicción contencioso-administrativa. Se trataría de aquellas actuaciones administrativas viciadas por alguna irregularidad administrativa, pero sin alcanzar los caracteres de un ilícito penal.
