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La conocida como "ley de seguridad ciudadana" fue aprobada en un contexto de creciente protesta social ante el empobrecimiento de las clases populares paralelo al aumento de la desigualdad en la sociedad española y el desmantelamiento de servicios públicos como consecuencia de la gestión de la crisis. El objetivo de esta capacidad sancionadora ha ido virando de la ciudadanía contestataria -a partir de la identificación de la protesta social con violencia- a aquellas personas que intentan entrar en Europa huyendo del hambre o de la guerra como resultado de una creciente obsesión colectiva por la inseguridad frente a los "otros", criminalizando de paso aquellas conductas relacionadas con la solidaridad con las personas migrantes. Esto ha desplazado el debate hacia el derecho a la libertad y al derecho a la vida, así como los derechos de la infancia, ámbitos especialmente sensibles en épocas de involución en las garantías.
