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Colombia
En el presente texto se desarrolla el análisis investigativo acerca de los mecanismos de protección de los Derechos Humanos, cuando se encuentren vulnerados por una omisión legislativa; su propósito es demostrar la viabilidad de dichos mecanismos mediante los órganos constitucionales competentes. Esta necesidad obliga a que se expanda la protección dentro de cada ordenamiento jurídico, es por esto que se manejará el tema en los países de México y Colombia; así mismo, se propone que se unifique como único mecanismo de control dentro de todo el territorio mexicano el juicio de amparo, para combatir la inactividad legislativa, y así garantizar los derechos humanos. De igual forma, en Colombia la vulneración de derechos humanos que genera el vacío normativo se puede mediar a través de la acción de inconstitucionalidad. Lo anterior se ejemplificará con varias sentencias dentro de cada ordenamiento jurídico interno y se esclarecerán los requisitos de procedibi-lidad de cada mecanismo de protección. Asimismo, se evidenciará una comparación de los procesos constitucionales de los citados Estados.
This paper develops an analytical framework to study the enforcement of Human Rights in cases o f Legislative omission. The purpose of the study is to demonstrate the legal viability of enforcing rights though the means afforded by the constitutional judiciary. The need for enforcement mechanisms absent legislative action obliges to an expansion of protection of rights through judicial activism. The object of study will be the laws of Colombia and Mexico as case studies. In México, the special injunction o f “amparo” is proposed as a mechanism that can cover the whole country in the event oflegislative silence and protect human rights. In Colombia, the action of inconstitutionality is a mechanism to invoke legal protection in case oflegislative omission. This study will showcase the relevant case law of Colombia and México the events where the national legislator omits to protect Human Rights and the procedural requirements needed in both jurisdictions to coaxed judicial intervention.
