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Ignasi Beltrán de Heredia Ruiz
Los contornos conceptuales del término flexiseguridad no están delimitados con precisión y es posible infinidad de medidas en su nombre. Se trata de un planteamiento erigido con el propósito de conciliar los dos términos que lo integran (clásicamente antitéticos):
el equilibrio entre la flexibilidad requerida por las empresas con la seguridad exigida por los trabajadores.
El debate que gravita alrededor de la flexiseguridad surge como un intento dirigido a superar la idea de que la flexibilidad y la seguridad pueden complementarse armónicamente y alcanzar una situación de equilibrio mediante una reconfiguración del sistema de intercambio o compensaciones existentes. Y, asumiendo este eje dialéctico, caben diversas interpretaciones del mismo y distintas combinaciones entre sus dos componentes.
El objeto de este estudio es delimitar los contornos conceptuales de este concepto y evaluar críticamente su encaje en nuestro marco normativo interno. El estudio, recogiendo el criterio de un sector de la doctrina comunitaria, describe los motivos que permiten afirmar que es probable que la flexiseguridad no sea un planteamiento generalizable a nivel europeo.
Desde este punto de vista, el trabajo aborda críticamente su implantación en España a partir de la reforma de 2012. En concreto, trata de poner de manifiesto su escaso impacto en la atenuación de la segmentación del mercado de trabajo y también cuestiona la eficiencia de las medidas adoptadas a partir del enfoque analítico de la economía.
En este sentido, el trabajo parte de la premisa de que las normas jurídicas aspiran a dirigir el comportamiento de los ciudadanos, promoviendo las acciones preferidas y disuadiendo las indeseadas. Sin embargo, en el estudio se destaca que la obediencia no está garantizada por el mero hecho de la promulgación de una norma, pues, los destinatarios reaccionan estratégicamente.
Desde esta perspectiva, el trabajo defiende que, en la configuración normativa de cualquier comportamiento socialmente deseable, el Legislador debe tratar de determinar su efectividad, la forma cómo influye en los destinatarios, si es capaz de incidir en su comportamiento y, en última instancia, si se promueve el objetivo propuesto.
Esta evidencia debería posibilitar proposiciones normativas que formulen alternativas socialmente más deseables. El trabajo trata de evidenciar que, a pesar de la oportunidad de este planteamiento analítico, el dogmatismo jurídico ha obviado el análisis de los problemas jurídicos desde el punto de vista de las consecuencias, de los costes y de la eficiencia.
Y, desde esta perspectiva, el estudio apunta que, después de varias décadas, la «lucha» contra la alta tasa de temporalidad del mercado laboral no ha sido capaz de corregir el comportamiento de los destinatarios de las leyes. Por este motivo, se defiende que, quizás, ha llegado el momento de admitir que el Derecho del Trabajo ha permanecido alejado de la realidad, pecando de autosuficiente.
Por este motivo, en este estudio se sugiere que, a pesar de sus evidentes limitaciones analíticas y predictivas, la naturaleza conductista de la teoría económica puede facilitar el estudio de los efectos previsibles del sistema jurídico e identificar las posibles incoherencias del modelo legal. Es obvio que el análisis de la realidad jurídica a partir de la lógica inspirada en el homo economicus no puede explicarlo todo. Sin embargo, esto no significa que no pueda explicar nada. Y, desde este punto de vista, el trabajo sugiere que, junto a los parámetros de justicia y redistribución de la riqueza, las normas laborales también deben perseguir la eficiencia y, por tanto, la teoría económica puede ser un instrumento muy poderoso para mejorar el marco normativo vigente.
En este sentido, tomando como referencia los cambios legales en nombre de la flexiseguridad y la eficiencia introducidos a partir de 2012, en el estudio, empleando el método analítico de la economía, se exponen argumentos que contribuyen a cuestionar su idoneidad, sugiriendo su carácter ineficiente.
En esta línea, el trabajo analiza, a su vez, los problemas de encaje normativo constitucional e internacional de las tesis que abogan por un contrato único (en sus diversas formulaciones), especialmente, a partir de la doctrina «de Diego Porras» del TJUE. Sin olvidar que, si no se acompaña de medidas reales que mejoren el tránsito del desempleo al empleo, su implantación supondría una (nueva) devaluación de la «movilidad externa» de los trabajadores.
En este estudio también se expone la relación existente entre la alta tasa de temporalidad y la responsabilidad empresarial asociada al despido improcedente, al despido por causas objetivas procedente y a la extinción de un contrato temporal. Y, precisamente, teniendo en cuenta la metodología de análisis económico y, sobre todo, la dimensión estratégica del comportamiento humano, el estudio, respetando las principales normas internacionales y constitucionales y manteniendo la protección de los trabajadores ya reconocida, sugiere un modelo alternativo que, en hipótesis, podría ayudar a reducir significativamente las altas tasas de temporalidad existentes al proponer, entre las múltiples opciones posibles, un nuevo fraccionamiento de la responsabilidad del despido por causas objetivas.
En efecto, la configuración de normas atendiendo al comportamiento estratégico de los individuos como una variable determinante a tener en cuenta es una aproximación que, hasta la fecha, ha sido insuficientemente explorada. Desde esta perspectiva, la extraordinaria riqueza de opciones que describe este enfoque permitiría buscar alternativas adaptadas a las circunstancias particulares de colectivos específicos de trabajadores y/o sectores económicos y/o zonas geográficas, etc.
La «virtud» de la propuesta descrita en este ensayo (en comparación con las tesis que gravitan alrededor de la lógica de la flexiseguridad) es que la promoción de la contratación indefinida no exige tener que renunciar a los elementos esenciales del esquema normativo-institucional que nos rige (extinción causal, control judicial y mantenimiento de los importes indemnizatorios a favor de los trabajadores).
The flexicurity’s conceptual contours are not delimited with precision and several number of measures are possible in its name. It is an approach that mainly has the purpose of reconciling the two terms that comprise it (classically antithetical): the balance between the flexibility required by corporations with the security required by workers.
The debate that gravitates around flexicurity emerges as an attempt to overcome the idea that flexibility and security can be harmoniously complemented and also can reach a balance by means of a reconfiguration of the system of existing compensations. And, assuming this dialectical axis, there are different interpretations about it and might propose different combinations between its two components.
The object of this study is to delimit the conceptual contours of this concept and critically evaluate its fit in our internal normative framework. The study, gathering the criterion of a sector of the community doctrine, describes the reasons to affirm that it is probable that the flexicurity is not a generalizable approach at European level.
From this point of view, the work critically addresses its implementation in Spain from the 2012 reform. Specifically, it tries to highlight its scant impact on attenuating labour market segmentation. It also questions the efficiency of the labour market measures taken from the analytical approach of the economy.
In this sense, the work is based on the premise that legal norms aspire to direct the behaviour of citizens, promoting preferred actions and dissuading undesired ones.
However, in the study it is emphasized that obedience is not guaranteed by the mere fact of the promulgation of a norm, because the recipients react strategically.
From this perspective, the work defends that, in the normative configuration of any socially desirable behaviour, the Legislator should try to determine its effectiveness, the way it influences the recipients, if it is capable of affecting its behaviour and, ultimately, if the proposed objective is promoted.
This point of view should enable normative proposals that formulate socially more desirable alternatives. The work tries to show that, despite the opportunity of this analytical approach, legal dogmatism has obviated the analysis of legal problems from the perspective of consequences, costs and efficiency.
Taking into account this premise, the study points out that, after several decades, the «struggle» against the high rate of temporality in the spanish labor market has not been able to correct the behavior of the recipients of the laws. For this reason, it is argued that, perhaps, the time has come to admit that Labor Law has remained far away from reality, sinning self-sufficient.
For this reason, this study suggests that, despite its evident analytical and predictive limitations, the behavioural nature of economic theory can facilitate the study of the foreseeable effects of the legal system and identify possible inconsistencies in the legal model. It is obvious that the analysis of legal framework from homo economicus’ perspective cannot explain everything. However, this does not mean that it cannot explain anything. And, from this point of view, the work suggests that, along with the parameters of justice and redistribution of wealth, labour standards must also pursue efficiency and, therefore, economic theory can be a very powerful instrument to improve the current regulatory framework.
In this sense, taking as reference the legal changes introduced from 2012 in the name of flexicurity and efficiency, the study, using the analytical method of the economy, offer arguments that contribute to question their suitability, suggesting their inefficiency.
The work also studies the difficulties to unify all contracts in one from the constitutional and international legal framework (or reduce them), especially, since the «de Diego Porras» doctrine. At the same time, also points out that, if it is not accompanied by real measures that improve the transition from unemployment to employment, its implementation would imply a (new) devaluation of the «external mobility» of workers.
This study also exposes the relationship between the high rate of temporary employment and corporate responsibility associated with unfair dismissal, dismissal due to objective causes and the termination of a temporary contract. And, precisely, taking into account the methodology of economic analysis and, above all, the strategic dimension of human behaviour, the study, respecting the main international and constitutional norms and maintaining the already recognized protection of workers, suggests an alternative model that, in hypothesis, might help to significantly reduce the existing high rates of temporality by proposing, among multiple options, a new distribution of objective dismissal’s liability.
Indeed, the study also points out that configuration of norms based on the strategic behaviour of individuals is an approach that, to date, has been insufficiently explored.
From this perspective, the extraordinary richness of options that this approach describes would make it possible to find alternatives adapted to the particular circumstances of specific groups of workers and / or economic sectors and / or geographical areas, etc.
The «virtue» of the proposal described in this essay (in comparison with the theses that gravitate around flexicurity) is that, the promotion of indefinite duration contracts does not require to renounce the essential elements of the normative-institutional scheme that governs us (causal extinction, judicial control and maintenance of the indemnifying amounts in favour of the workers).
