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Rafael Doménech Vilariño, Juan García Blasco 
, Camilo Ulloa
El funcionamiento ineficiente y poco equitativo del mercado de trabajo ha sido una de las debilidades crónicas de la economía española durante las últimas décadas y, por lo tanto, una de las causas principales de la desigualdad de la renta y de la pérdida de bienestar respecto a otras economías más avanzadas.
La recuperación económica tras la mayor crisis económica sufrida por la economía española ha permitido reparar muchas de sus consecuencias negativas con un crecimiento más equilibrado y sostenible. A finales de 2017 la tasa de paro se había reducido en más de 10 puntos respecto al 27,1% que alcanzó en 2013 y se había recuperado el 69% del número de afiliados a la Seguridad Social perdidos durante la crisis. A pesar de los progresos, la comparación con las economías europeas más avanzadas no ofrece un balance tan favorable: España tiene una tasa de empleo inferior y tasas estructurales de desempleo, temporalidad y paro de larga duración mucho más elevadas. Mientras el gasto en políticas pasivas resulta comparable al de los principales países de la UE, los recursos destinados a políticas activas en España son insuficientes y poco eficientes.
La evaluación de la evidencia más reciente confirma que la flexibilidad del mercado laboral español aumentó tras las reformas adoptadas desde 2012, pero el grado de seguridad no ha mejorado significativamente. En particular, se aprecia que la legislación de protección al empleo se ha vuelto menos estricta, lo que facilita la transición entre las situaciones de empleo y desempleo y puede contribuir a reducir la duración del paro. Al respecto, la mayor flexibilidad evitó durante la segunda etapa de la Gran Recesión un aumento de cinco puntos de la tasa de paro. Este resultado es consistente con el cambio de tendencia en la tasa de destrucción de empleo, que desde el año 2013 se sitúa por debajo de los niveles anteriores a la crisis.
Con todo, la brecha en el grado de protección que gozan los empleados indefinidos y los temporales continúa siendo elevada. Respecto a la formación y el aprendizaje permanente, no se aprecian grandes avances, a pesar de los esfuerzos encaminados a garantizar la adaptabilidad y empleabilidad de los trabajadores y desempleados. Así, los datos de la Encuesta de Población Activa revelan que, aunque algunos de los colectivos más vulnerables (parados y jóvenes) son los principales beneficiarios de los planes de formación continua, en ningún caso el grado de cobertura supera el 40% del grupo poblacional de referencia.
En lo que respecta a las políticas activas, se constata que los recursos asignados por parado han disminuido notablemente desde comienzos de la crisis y apenas han variado desde el inicio de la recuperación económica, y no hay evaluaciones que soporten una mejora en su eficiencia. Además la formación, junto con el apoyo al empleo y la recolocación, siguen teniendo un peso reducido en el conjunto de los recursos destinados para la reactivación laboral. Por su parte, la garantía de ingresos que ofrece el sistema de prestaciones de desempleo apenas ha variado en los últimos años. Así, los datos revelan que las tasas de reposición del sistema no son significativamente elevadas y que se mantienen en las situaciones de desempleo de media y larga duración.
Partiendo de la evidencia comparada de estos indicadores, que caracterizan la flexiseguridad del mercado de trabajo en España, y de los avances que se han producido en los últimos años, en este trabajo se expone también un conjunto de propuestas para avanzar hacia un mercado de trabajo más eficiente y equitativo, con el que promover un crecimiento más inclusivo.
En concreto, se propone la reducción del número de modalidades contractuales, un sistema mixto de indemnización por finalización de los nuevos contratos que incorpore la «mochila austriaca» y analizar las repercusiones sobre el empleo de los aumentos del salario mínimo y la eficacia de los complementos salariales. Todas las modalidades vigentes de contratación indefinida se agruparían en una lo suficientemente flexible para que las actuales tengan cabida. El contrato temporal tendría únicamente un origen causal y una duración máxima de dos años, mientras que el de formación y aprendizaje favorecería la transición al empleo indefinido una vez completado el proceso formativo.
La reducción del número de modalidades contractuales se complementaría con un sistema mixto de indemnización por finalización de los nuevos contratos. Una parte provendría de una cuenta de ahorro individual (similar a la «mochila austriaca») nutrida de aportaciones periódicas realizadas por la empresa con independencia del tipo de contrato.
Para que el empleador internalice las externalidades negativas causadas por el despido de un trabajador indefinido (o la finalización del contrato de uno temporal), debería pagar una indemnización adicional, que sería constante para los empleados temporales y creciente con la antigüedad en la empresa para los indefinidos. La cuantía de la compensación por finalización de un contrato temporal, que sería mayor que la indemnización por despido de un indefinido, actuaría como un esquema de bonus malus.
En cuanto a las políticas de formación, es aconsejable que los trabajadores puedan elegir, bajo ciertas condiciones, los programas formativos que consideren más adecuados para su desarrollo profesional, generalizar las evaluaciones de las acciones formativas, aumentar la contratación y adiestramiento de orientadores laborales, complementar la formación con cursos online y recursos educativos abiertos, establecer mecanismos de alerta temprana para la detección de los estudiantes en riesgo de fracaso escolar, facilitar la reincorporación formativa de los jóvenes que abandonaron precozmente sus estudios y extender la formación profesional dual.
Por lo que respecta a las políticas activas de empleo, es necesario incrementar el gasto por demandante de empleo, mejorar la ayuda en la búsqueda de trabajo, establecer itinerarios personalizados, apostar por la digitalización de los servicios públicos de empleo para optimizar el proceso de búsqueda y cobertura de vacantes mediante el análisis de grandes bases de datos (big data) y evaluar los programas de activación con la finalidad de mejorar su eficiencia.
Por último, la mejora del grado de seguridad para los trabajadores desempleados puede hacerse aumentando el tiempo de percepción de las prestaciones durante los periodos crisis a cambio de su reducción en las fases expansivas del ciclo económico, junto con la racionalización de los criterios de elegibilidad y la mayor condicionalidad de las prestaciones.
El objetivo último de todas estas propuestas y medidas es conseguir que los empleos de calidad, estables y productivos sean la mejor protección que el mercado de trabajo pueda proporcionar a los trabajadores.
The inefficient functioning of the labour market has been one of the chronic weaknesses of the Spanish economy in recent decades and, therefore, one of the main causes of income inequality and of the relative lower well-being compared to other more advanced economies.
The economic recovery after the deep financial crisis suffered by the Spanish economy has repaired many of its negative consequences with a more balanced and sustainable growth. By the end of 2017, the unemployment rate had fallen by more than 10 points from 27.1% in 2013, and employment has recovered 69% of Social Security contributors lost during the crisis. Despite this significant progress, the comparison with other more advanced European economies does not offer such a favourable balance: Spain has a lower employment rate and much higher structural rates of unemployment, long-term unemployment and temporary employment. While spending on passive policies is comparable to that of the main EU countries, resources allocated to active policies in Spain are insufficient and inefficient.
The most recent evidence confirms that the flexibility of the Spanish labour market increased following the reforms adopted since 2012, but the degree of employment security has not improved significantly. In particular, employment protection legislation has become less stringent, facilitating the transition between employment and unemployment situations and helping to reduce the duration of unemployment. This greater flexibility avoided an additional increase of 5 percentage points in the unemployment rate during the European debt crisis. This result is consistent with the reversal of the trend in the rate of job destruction, which since 2013 is below pre-crisis levels.
However, the gap in the degree of protection between open-ended and temporary contracts remains high. With regard to training and lifelong learning, not much progress has been made, despite efforts to ensure the adaptability and employability of unemployed workers. The Labour Force Survey reveal that, although some of the most vulnerable groups (unemployed and young people) are the main beneficiaries of training plans, the degree of coverage did not exceed 40% of the reference population group.
With regard to active policies, resources have decreased considerably since the beginning of the crisis and have remained almost unchanged since the beginning of the economic recovery, and there are no evaluations that support an improvement in their efficiency.
In addition, training continues to have a low impact on the overall resources allocated to employment reactivation. At the same, income guarantee schemes have hardly changed in recent years. The evidence also reveals that replacement rates are not significantly high.
This paper also sets out a set of proposals for moving towards a more efficient and secure labour market, to promote more inclusive growth. In particular, we propose to reduce the number of contracts, and a mixed system of dismissal compensations for new contracts as in the Austrian model. We also propose to analyse the impact on employment of minimum wage increases and the effectiveness of wage supplements. All existing openended contracts would be grouped in one simple contract, flexible enough to accommodate the current ones. Temporary contracts would have only a causal origin and a maximum duration of two years, while the training and apprenticeship contracts would favour the transition to permanent employment once the training process has been completed.
The reduction in the number of contractual modalities would be complemented by a mixed compensation system of new contracts in the case of dismissal. Part of it would come from an individual account (as in Austria) with regular contributions paid by employers, irrespective of the type of contract. In order to internalise the negative externalities caused by dismissals, firms would pay an additional compensation, which would be constant for temporary contracts and increasing with tenure for the open-ended ones. The compensation for temporary contracts, which would be greater than for openended contracts, would act as a bonus-malus scheme.
With respect to training policies, we propose that workers may choose, under certain conditions, the training programmes they consider more appropriate for their professional careers. We also propose to generalize evaluations of training programmes, to increase the number and training of labour advisers, to complement training with massive online courses and open educational resources, to establish early warning mechanisms for detecting early leavers from education and training, and to facilitate their reincorporation to training programmes.
As regards active employment policies, expenditures per job seeker should be increased and the same time that the efficiency of theses policies is increased. This requires an improvement of job search assistance, to establish personalised itineraries, the digitisation of public employment services in order to optimise search and matching process, and the evaluation of activation programmes.
Finally, a more secure labour market also could increase the duration of unemployment benefits during recessions in exchange for their reduction in economic expansions, along with the rationalization of eligibility and increased conditionality.
The ultimate objective of all these proposals is to ensure that stable, productive and highquality jobs are the best employment protection that the labour market can provide for workers.
