La empresa demandante invoca las ilegalidades que a su entender cometió la Comisión Europea por la insuficiente supervisión del procedimiento de licitación y la existencia de un conflicto de intereses en favor de la sociedad A. y, por otra parte, por el retraso a la hora de informarle de la decisión de adjudicación del contrato y de la firma del contrato.