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La incorporación al mercado laboral de los trabajadores con ceguera o deficiencia visual grave, generalmente a través de la ONCE, determina una relevante casuística jurisprudencial sobre el derecho a la pensión por gran invalidez. Cuestiones tales, como la cuantificación de la pérdida de agudeza visual, la adquisición de habilidades adaptativas, la valoración de las dolencias previas a la afiliación, o la agravación de las patologías visuales, resultan claves para resolver sobre su posible derecho al grado máximo de invalidez.
