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Rosa María Rodríguez Romero
El recurso a mecanismos fraudulentos por parte de los prestadores de servicios en relación en el marco del desplazamiento de trabajadores al interno de la UE se ha convertido en un auténtico problema a nivel comunitario, constituyendo en estos momentos un ámbito donde el dumping social alcanza una de sus máximas expresiones. La sujeción de los trabajadores desplazados al sistema de seguridad social del país de origen, expresada a través de la consagración –cuasi intocable- de los certificados de seguridad social E101/A1, ha contribuido a que mediante determinadas prácticas fraudulentas y/o abusivas, los prestadores de servicios se hayan venido beneficiando del sistema con la finalidad de abaratar los costes de seguridad social. Sin embargo, en fechas muy recientes, el Tribunal de Justicia matiza –por vez primera- la doctrina que ha venido manteniendo hasta la fecha, declarando la posibilidad de inaplicación de los certificados mencionados ante la constatación de fraude, cuestión ésta que contribuye a avanzar en un debate más amplio sobre la necesidad de reformar las normas comunitarias en materia de desplazamiento de trabajadores, fenómeno éste que evidencia la clara confrontación existente entre los intereses de los distintos Estados que integran la actual Unión Europea.
The existence of fraud in the posting of workers as an example of social dumping practices has become a great problem in the European Union. The binding nature of E101 certificates, in which workers are inscribed under the Social Security System of States of origin, has contributed to these social dumping practices that companies use to reduce social security costs. However, the Court of Justice has recently clarified the validity of these certificates establishing the possibility to non-application of the E101 certificates/A1 portable documents in the event of fraud. The dimension of the problematic related to posted workers, which emphases the existing deep struggle between the different interests among Member States, needs a broader discussion in order to reform the European Union’s regulation about this type of workers’ mobility.
