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Desde la creación de las Comunidades Europeas, el presupuesto gestionado desde Bruselas ha representado una pequeña parte del producto interior bruto (PIB) comunitario, alrededor del 1% de esa magnitud. Se reconocía, de este modo, que, en el contexto de la construcción europea, la función redistributiva le correspondía, básicamente, a los Estados nacionales. En efecto, el peso del gasto público en el PIB en el conjunto de la Unión Europea (UE) alcanzaba en 2017 el 46,4%; con un amplio abanico de situaciones, desde Irlanda (27,4%) hasta Finlandia (55,5%). Se presuponía, asimismo, que, a escala comunitaria, tenían que ser los mercados, sus actores y las lógicas competitivas que los articulaban, los motores de la asignación espacial y sectorial de los recursos financieros y productivos.
