Las competencias medioambientales de los entes locales tras la Ley 27/2013, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local

• Autores: Pilar Navarro Rodríguez
• Localización: Cuadernos de derecho local, ISSN 1696-0955, ISSN-e 2695-6101, Número 46, 2018 (Ejemplar dedicado a: Medio Ambiente), págs. 68-103
• Idioma: español
• Títulos paralelos:
  • Environmental competences of local entities after the Law 27/2013, of 27 December, on rationalization and sustainability of local administration
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• Resumen
  • español

    Este artículo tiene por objeto analizar los cambios en las competencias ambientales locales producidos tras la aprobación de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local (LRSAL), unos cambios que se introducen en el panorama competencial general, con los objetivos iniciales muy loables de tratar de evitar o eliminar duplicidades (principio de “una Administración una competencia”, que por otra parte no es nada pacífico entre la doctrina) y de conseguir la difícil sostenibilidad financiera. Tras un análisis pormenorizado de los cambios operados por la nueva normativa en materia medioambiental, llegaremos a la conclusión de que no solo no se ha conseguido la pretendida clarificación competencial perseguida por la LRSAL, sino que antes al contrario quedan aún muchas dudas en cuanto a su aplicación real y sus efectos sobre las competencias municipales y provinciales y la prestación de los servicios locales en materia medioambiental, tal y como se detalla a lo largo del presente trabajo

  • English

    This article analyzes the transformations on the environmental competences of local entities after the Law 27/2013, of 27 December, on rationalization and sustainability of local administration (LRSAL). These transformations tried to eliminate or avoid duplicities (to pursue the principle of “one administration one competence”) and to achieve the always difficult financial sustainability. After this analysis, I conclude that the clarification of competences has not been accomplished. To the contrary, as the article shows, current ly there are many doubts and uncertainties about the competences of municipalities and provinces over environmental policies.