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Socorro, Portugal
Portugal es tanto un país de origen, como de tránsito y de destino de trata de seres humanos. Actualmente, se le considera principalmente como un destino para la explotación laboral, aunque todavía existen fenómenos de trata de mujeres para explotación sexual y de niños para la práctica de robos. Como país de origen, se señalan sobre todo fenómenos de trata de hombres para explotación laboral en España. En este estudio se pretende analizar cómo el sistema jurídico portugués tuvo que adaptarse a los cambios requeridos por el Consejo de Europa y por la Unión Europea en relación con la represión y la prevención del fenómeno de la trata de seres humanos y la protección de las víctimas. Vamos a considerar no sólo los textos legislativos, comparándolos con los textos normativos europeos para verificar su conformidad, sino también los planes y programas de acción existentes, que demuestran la actividad de combate en curso y el conocimiento del fenómeno en Portugal. Por último, tendremos en cuenta varios estudios que se centran en la efectividad práctica del cuadro así delineado, entre los cuales asumirán especial relevancia las recomendaciones del Grupo de expertos sobre la lucha contra la trata de seres humanos.
El actual marco legislativo de represión del fenómeno fue fruto de una larga evolución. A mediados del año 2000, sólo existían normas sobre la represión penal de la trata con fines de explotación sexual, siendo ese ilícito considerado un crimen contra la libertad sexual.
A la firma de varios Convenios y la transposición de algunos actos de la UE, se produjo una revolución sobre cómo se debe tratar el fenómeno de la trata. El crimen de trata pasó a ser considerado un crimen contra la libertad personal en general, pasando a abarcar un mayor número de comportamientos, en que los Seres Humanos son tratados como objetos comerciales con el propósito de varios tipos de explotación: sexual, laboral, mendicidad, esclavitud, extracción de órganos o la explotación de otras actividades criminales, y el tráfico de niños para su adopción. La enumeración de los fines pasó, pues, a ser meramente ilustrativa. Por su parte, la sanción penal fue profundamente modificada, siendo hoy más gravosa que las exigidas por el derecho europeo. Por su parte, se ha hecho un esfuerzo para que la investigación criminal sea más eficaz, dotando a las policías competentes de medios adecuados, en particular los previstos en la ley de lucha contra la delincuencia organizada.
El Derecho europeo también ha exigido que se pasara a regular detalladamente la protección y la rehabilitación de las víctimas, tanto dentro como fuera del contexto del procedimiento penal. Así, en Portugal se empezó a asegurar a las víctimas de trata el sistema general de protección de las víctimas de crímenes violentos, incluyendo medidas como la protección de la identidad, el uso de declaraciones para futuro, así como el acceso a una serie de medidas de seguridad específicas y programas especiales de protección de la residencia. Se prevén también diversos derechos sociales, como el acceso equitativo a la asistencia sanitaria, el asesoramiento jurídico y la asistencia psicosocial. Existen ya centros de acogida específicamente destinados a acoger víctimas de trata, gestionados por organizaciones no gubernamentales. Con el fin de recibir el trato adecuado a su estatuto de víctima, se creó en 2008 un mecanismo nacional de referencia de las víctimas, que define los procedimientos destinados a señalar probables víctimas y a llevar a cabo su identificación y asistencia, a través de las distintas instituciones implicadas. Se ha concebido incluso una tarjeta de señalización para las víctimas, en la que figuran sus derechos en varias lenguas.
La legislación portuguesa prevé la concesión de permisos de residencia a las víctimas de la trata, con una disposición más favorable que la exigida por el derecho de la unión europea, al establecer que debido a «las circunstancias personales de la víctima» esta autorización podrá concederse incluso si la víctima no coopera con las autoridades.
En 2008 se creó el Observatorio para el Tráfico de Seres Humanos, y los diversos profesionales implicados han recibido formación especial sobre la trata de personas, habiéndose aún concebido guías y manuales para las diversas profesiones involucradas.
Por otro lado, se desarrollaron planes trianuales, que han señalado varios objetivos, como el desarrollo de campañas de sensibilización, y el refuerzo de la cooperación entre las entidades públicas y las organizaciones y su adaptación a las nuevas formas de tráfico y de reclutamiento.
Sin embargo, a pesar de que estas evoluciones son notables, en la práctica, tanto una represión criminal efectiva como una protección efectiva de las víctimas se enfrentan a varios desafíos que plantean una respuesta urgente e integral. Se apunta el complejo marco legislativo, la superposición de tipos legales de crimen y de competencias concurrentes de las policías competentes. Por otro lado, son escasos los pedidos de indemnización de las víctimas, lo que demuestra deficiencias en la información sobre los derechos de éstas.
En cuanto a la prevención, el Grupo de expertos sobre la lucha contra la trata de seres humanos y el Comité de los derechos del niño siguen subrayando la existencia de grupos particularmente vulnerables en Portugal, como los niños que viven en la calle, que son presas fáciles de la trata con fines de explotación laboral En lo que se refiere a la protección de las víctimas, hace falta en este contexto un grupo de normas vinculantes consolidadas, destinadas a garantizar de forma eficaz medidas de asistencia y apoyo multidisciplinario. Desde luego, muchas de las normas existentes en este contexto se derivan de las leyes generales y no se han pensado específicamente para las víctimas del delito de tráfico de seres humanos. La protección de los niños es especialmente urgente, ya que a ellos se aplica el mismo sistema de protección vigente para los demás niños en peligro, el cual no siempre es adecuado para el caso específico de las víctimas de trata. Por otro lado, no siempre se consigue garantizarles un acceso efectivo a los derechos sociales, como la educación o los tiempos libres. Por último, a pesar de las sucesivas recomendaciones del Grupo de expertos, sigue faltando una disposición legal que les garantice el nombramiento de un tutor.
Por último, hay algunas deficiencias en Portugal a nivel institucional, ya que no hay un relator nacional independiente para evaluar imparcialmente la evolución de las medidas en el país y hacer las recomendaciones pertinentes.
Portugal is both a country of origin, transit and destination of trafficking of human beings.
Currently, it is primarily considered as a destination for labor exploitation, although there are still phenomena of trafficking of women for sexual exploitation and of children for the practice of robberies. As a country of origin, there are mainly cases of trafficking of men for labor exploitation in Spain. This study aims to analyze how the Portuguese legal system had to adapt to the changes required by the Council of Europe and the European Union in relation to the repression and prevention on the phenomenon of trafficking in human beings and the protection of victims. We will consider not only the legislative texts, comparing them with the European normative texts to verify their conformity, but also the existing plans and action programs, which demonstrate the combat activity in progress and the aknowledgement of the phenomenon in Portugal. Finally, we will take into account several studies that focus on the practical effectiveness of the legal regime, among which the recommendations of the Group of Experts on Action against Trafficking in Human Beings will assume partiular relevance.
The current legislative framework for the repression of the phenomenon is the result of a long evolution. In the middle of the year 2000, there were only rules on the criminal repression of trafficking for the purpose of sexual exploitation, this being considered a crime against sexual freedom. With the signature of several Conventions and the transposition of some acts of the EU, there was a revolution on how the trafficking phenomenon should be treated. The crime of trafficking was thereafter considered a crime against personal freedom in general, covering a greater number of behaviors, in which Human Beings are treated as commercial objects for the purpose of various exploitation activities: sexual, labor, begging, slavery, removal of organs or other criminal activities and the trafficking of children for adoption. The enumeration of the exploitation types became merely illustrative. For its part, the criminal sanction was deeply modified, today being more burdensome than those required by European law. Also, an effort has been made to make the criminal investigation more effective, providing the competent police forces with adequate means, particularly those foreseen in the law on fighting against organized crime.
European law has also demanded that the protection and rehabilitation of victims should be regulated in detail, both inside and outside the context of criminal proceedings. Thus, in Portugal, the victim´s protection system is applicable, including measures such as the protection of identity, the use of recorded statements, as well as the access to a series of specific security measures and special programs of protection. Several social rights are also granted, such as equitable access to health care, legal advice and psychosocial assistance. There are already reception centers specifically designed to welcome victims of trafficking, managed by non-governmental organizations. In order to give proper treatment to the victims, Portugal has created a national victim reference mechanism in 2008, which defines the procedures for identifying probable victims and carrying out their identification and assistance, through the different institutions involved. A signage card for the victims has even been conceived, in which their rights appear in several languages.
Portuguese legislation provides for the granting of residence permits to victims of trafficking, with a provision more favorable than that required by the European Union law, establishing that due to «the personal circumstances of the victim» this authorization may be granted even if the victim does not cooperate with the authorities.
In 2008, the Observatory for Trafficking in Human Beings was created, and the various professionals involved received special training on human trafficking, Also, several guides and manuals for the professions involved have been conceived. On the other hand, three-year plans were developed, in which several objectives have been identified, such as the development of awareness campaigns, and the strengthening of cooperation between public entities and organizations and their adaptation to new forms of trafficking and recruitment.
However, despite the fact that these developments are notable, in practice, both effective criminal repression and effective protection of victims face several challenges that claim for an urgent and comprehensive response.
The complex legislative framework and the overlapping of legal types of crime and concurrent competences of the police forces are pointed out as ineffectiveness factors.
On the other hand, there are few requests for compensation from victims, which shows deficiencies in the information on their rights. Regarding prevention, the Group of Experts and the Committee on the rights of the child continue to underline the existence of particularly vulnerable groups in Portugal, such as street children, who are easy preys for the trafficking for the purpose of labor exploitation.
Concerning the protection of victims, there should be created a body of binding and articulated norms, designed to effectively guarantee multidisciplinary assistance and support measures. Many of the existing norms in this context are derived from general laws and have not been specifically designed for victims of the crime of human trafficking.
The protection of children is especially urgent, since they are only entitled to the same protection system granted for other children in danger, which may not always be appropriate for the specific case of victims of trafficking. Plus, it is not always possible to guarantee effective access to social rights, such as education or leisure programmes.
Moreover, despite the successive recommendations of the Group of experts, there are no legal provisions that guarantee the appointment of a tutor. Finally, there are some deficiencies in Portugal at the institutional level, since there is no independent national rapporteur to impartially evaluate the evolution of the measures in the country and make the pertinent recommendations.
