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Mientras la huelga de transportes terrestres y aéreos, de escuelas y de hospitales paralizaba el país, el Parlamento griego adoptó nuevas medidas de austeridad a mediados de enero. Esta votación –exigida por sus acreedores– permitió, previo acuerdo con los ministros de Economía de la zona euro, una transferencia de 6.700 millones de euros a Atenas. Los efectos sobre la población de este tipo de planes empiezan a conocerse mejor ahora.
