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Las administraciones públicas españolas cerraron el ejercicio 2017 cumpliendo el objetivo de déficit público (-3,1% del PIB). Desde 2015 la coyuntura económica ha sido claramente positiva y también la Comisión Europea ha sido flexible en la exigencia de los objetivos de reducción del déficit. Por el contrario, la coyuntura política es de una gran complejidad. El primer semestre de 2017 y de 2018 han sido gestionados con un presupuesto prorrogado, con lo que ello supone de provisionalidad e inacción estratégica en materias tan importantes como el sistema fiscal, pensiones o financiación autonómica. Es verdad que se cumplen los objetivos, pero no se están haciendo los deberes todo lo bien que se podría y debería hacer. Hay un esfuerzo insuficiente para recortar el déficit estructural durante los próximos años y, a su vez, los escenarios futuros de deuda pública son muy preocupantes.
El margen de reformas sigue siendo sustancial, tanto por el lado de los ingresos como en el de los gastos.
