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Con sugerente planteamiento cuestiona el autor el modelo de instrucción penal en nuestro sistema, eterna polémica sin resolver. Lo hace desde el análisis de los sesgos de las decisiones judiciales. Pone sobre la mesa los estudios sobre el llamado sesgo de anclaje, referido a las peticiones de la fiscalía o a la sentencia de instancia; el sesgo grupal, relativo a la prevalencia de los informes periciales de funcionarios o instituciones oficiales. El primer paso para luchar contra esos sesgos cognitivos es su conocimiento y a continuación la exigencia de una sólida motivación de la resolución.
