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La diversidad lingüística en Europa presenta una evidente dimensión política, aunque su vertiente económica sea cada vez más relevante en una sociedad abierta y globalizada. Estos dos enfoques ponen de manifiesto su delicada y compleja regulación jurídica. Por una parte, el plurilingüismo está vinculado a los derechos fundamentales y a la ciudadanía de la Unión Europea. Pero, por otra parte, la diversidad de las lenguas europeas tiene consecuencias en el ejercicio de las libertades económicas fundamentales del mercado único europeo y en la aplicación del Derecho comunitario por las autoridades nacionales. Precisamente, en España la descentralización política, llevada a cabo a partir de 1978, se apoya en el uso y en la promoción de las distintas lenguas españolas, teniendo patentes implicaciones constitucionales y en la propia integración europea. Con este fin se presentan y contrastan los distintos modos en que los Tribunales europeos - el Tribunal de Derechos Humanos, el Tribunal de Justicia y el Tribunal Constitucional español - han abordado supuestos concretos en los que se utilizan varias lenguas y donde ha sido preciso encontrar jurídicamente un punto de equilibrio entre lo político o cultural y lo económico.
