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Germán Fernández Farreres 
En el presente trabajo se analizan las nuevas facultades atribuidas al Tribunal Constitucional para garantizar el cumplimiento de sus sentencias y resoluciones. La atribución de tales facultades (la suspensión de autoridades o empleados públicos, la ejecución sustitutoria y la adopción de las medidas de ejecución inaudita parte), además de la multa coercitiva prevista desde el primer momento, han generado una importante polémica en la doctrina y en el seno del propio Tribunal Constitucional. La conclusión a la que se llega es que la reforma, aun no siendo imprescindible, no merece los reproches que contra la misma se han formulado.
The present work analyzes the new faculties attributed to the Constitutional Court to guarantee the fulfilment of his judgments and resolutions. Such attributions (the suspension of public authorities or employees, the substitute enforcement and the adoption of enforcement measures inaudita parte) and the coercive fine recognized from the beginning, have generated an important polemic in the doctrine and in the Constitutional Court itself. The conclusion is that the reform, while not being essential, does not deserve the criticisms that have been made against it.
