Se analiza el dictamen de la Comisión Iberoamericana de Ética Judicial, que trata de orientar a los jueces en el cumplimiento de unas obligaciones importantes y a veces contradictorias como el secreto profesional, las restricciones a su libertad de expresión y el principio de una mayor transparencia. El secreto profesional del juez se impone para garantizar los derechos de las partes y la confianza de la sociedad. Asimismo, el juez goza de una libertad de expresión limitada de tal modo que solo puede ejercer una crítica moderada de las instituciones en cuestiones estrictamente profesionales y, desde luego, debe defender activamente, en caso de peligro, el Estado de Derecho. Y por último, el juez debe propiciar la transparencia del poder judicial y de sus propias actuaciones, en particular, de las resoluciones judiciales pero debe canalizar esta información por las vías oficiales y sin que pueda personalmente divulgarla a través de las redes sociales y otros medios de comunicación.