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Santiago Álvarez García 
El 22 de diciembre de 2017 se produjo la firma de la Tax Cuts and Jobs Act, ley en que se materializa la reforma fiscal promovida por el gobierno Trump desde el acceso de éste a la presidencia de los Estados Unidos. Los efectos de la reforma tienen un alcance más limitado del inicialmente planteado en la imposición sobre la renta de las personas físicas, a pesar de suponer una reducción en los tipos de gravamen y de incorporar cambios significativos en la regulación de exenciones y deducciones, y su vigencia se restringe temporalmente hasta el año 2025. Los cambios son más profundos en la imposición societaria, con un recorte sustancial de los tipos impositivos hasta el 21% y la adopción de medidas que suponen avanzar hacia un sistema de tributación de los beneficios empresariales mediante la aplicación del principio de territorialidad. En conjunto, la reducción de impuestos aprobada, con un importante coste en términos de recaudación, constituye la mayor reforma del sistema tributario de los Estados Unidos desde el año 1986 y se orienta a favorecer el crecimiento, la creación de empleo y la inversión doméstica, desincentivando la deslocalización de la actividad y el beneficio de las empresas multinacionales en el extranjero
