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Pablo Soto Delgado 
El artículo analiza las “Bases Metodológicas para la Determinación de Sanciones Ambientales”, aprobadas por la Superintendencia del Medio Ambiente a través de la Resolución Exenta N° 1.002, de 29 de octubre de 2015. En razón de la Ley N° 20.417, esa agencia se encuentra dotada de una amplia discrecionalidad para cuantificar las multas que han de imponerse a quienes infringen la regulación ambiental. Con la incorporación del nuevo instrumento, se ha confinado la determinación de la sanción a una función matemática que amenaza con transformar la imposición de medidas pecuniarias en una tarifa. La Superintendencia del Medio Ambiente atribuye una finalidad disuasiva a la sanción administrativa, basándose en la teoría de las sanciones óptimas, alejándose correctamente –aunque no sin ambigüedades– de la idea de "ius puniendi" para definirlas. El texto revisa críticamente algunos aspectos del modelo adoptado por el regulador, sugiriendo una estrategia de cumplimiento responsiva.
