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José Julio León
Este trabajo es un comentario sobre la Ley N° 20.845, de inclusión educativa –que regula la admisión de los y las estudiantes, elimina el financiamiento compartido y prohíbe el lucro en establecimientos educacionales que reciben aportes del Estado– que fuera publicada el 8 de junio del 2015 y que entró en vigencia en sus aspectos generales el 1° de marzo de 2016. Siguiendo en parte el método de análisis legal sugerido por Manuel Atienza,2 reviso los objetivos que persigue la ley (para mostrar que se encuentran justificados), los medios propuestos para alcanzarlos (las modificaciones que introduce a la regulación previamente vigente) y la “sistemática” de la ley (la técnica legislativa), para explicar el sentido y alcance de sus principales disposiciones. Pretendo demostrar que esta ley es un caso de “ley estandarte” que –de la mano con los pronunciamientos del Tribunal Constitucional sobre su coherencia con la Carta Fundamental– logra fijar un cambio relevante en la orientación de la política educativa, estableciendo una nueva relación de prioridad entre dos principios constitucionales, el derecho a la educación y la libertad de enseñanza, a favor del primero. Para que ese nuevo orden de los valores constitucionales se consolide será fundamental que la política pública realice una adecuada implementación de la ley y resuelva algunos problemas que la redacción de sus artículos deja pendientes.
