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Ignacio Colomer Hernández 
La inminente finalización del plazo para trasponer la Directiva (UE) 2016/680 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016, pone de actualidad las dificultades que presenta la elaboración de una norma de trasposición, que permita introducir en nuestro ordenamiento la complejidad de instrumentos de control, que ha previsto la Directiva, en relación con el tratamiento de datos personales con fines penales y en la que se recojan adecuadamente los derechos de los ciudadanos en relación con sus datos personales cuando se usan en la prevención, investigación o represión de infracciones penales.
