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Alba Pérez Canet
El uso de cámaras de vigilancia como medio de monitorización de la actividad laboral ha sido una cuestión tradicionalmente controvertida. En este ámbito están en liza, por una parte, el poder de dirección y control empresarial y, por otra parte, los derechos a la intimidad, a la protección de la vida privada y a la protección de datos de carácter personal de los trabajadores. Los tribunales nacionales, especialmente tras los últimos pronunciamientos del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo, habían fijado una interpretación uniforme del test de proporcionalidad como herramienta de control jurisdiccional para valorar, en atención a las circunstancias concurrentes en cada caso, si la videovigilancia ha conculcado los derechos de los trabajadores. Sin embargo, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha analizado esta cuestión en el asunto López Ribalda y otros v. España, en el que exige un juicio de proporcionalidad más riguroso y garantista para los empleados que el que había sido admitido por los tribunales españoles. En este contexto, uno de los elementos valorativos en que más enfatiza el Tribunal es el cumplimiento de la obligación empresarial de informar previamente a los empleados «de modo expreso, preciso e inequívoco» sobre la existencia y finalidad de la vigilancia. Este artículo tiene por objeto analizar: (i) el tratamiento de la videovigilancia como medida de control empresarial que efectúa la sentencia y (ii) su posible impacto en la jurisprudencia española sobre esta materia.
The use of surveillance cameras for employer's to monitor employee performance is an issue that has traditionally generated controversy. At the heart of the controversy is the risk of such corporate monitoring conflicting with an ernployee's right to privacy, respect for ernployee's private life and to personal data protection. Given the abovementioned, the national courts, especially after the latest rulings of the Constitutional Court and the Supreme Court, have used a consistent interpretation of the proportionality test as the means to control if, in a case-by-case basis, the enforcement of these monitoring measures has infringed employee rights. However, in the case of López Ribalda and others v Spain, the European Court of Human Rights considered the ability of employers to install surveillance cameras in order to monitor employee performance and heId that the proportionality test should be more protective of ernployees' rights that the one upheld by the Spanish courts. In particular, one of the key elements the European Court of Human Rights took into account in this regard was the fulfilment of employer's duty of «previously and explicitly, precisely and unambiguously» informing employees of the existence of the surveillance measure and its purpose. This article analyses (i) the control parameters on the use of surveillance cameras for corporate monitoring set by this ruling, and [ii) its potential impact on Spanish jurisprudence.
