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Raquel Poquet Catalá
En este trabajo se estudia, desde un punto de vista de la doctrina judicial y científica, la prestación económica por cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave, prestación de relativa escasa vigencia y que está empezando a ser comentada y flexibilizada por la doctrina judicial y la jurisprudencia. Así se analizan los puntos críticos y su interpretación judicial, tanto en la regulación contenida en el ET en cuanto derecho a la reducción de jornada con disminución proporcional del salario, como su regulación en la LGSS en cuanto derecho a un subsidio económico para compensar justamente dicha reducción de jornada y de salario.
Para realizar este estudio se ha partido de la legislación existente, pero especialmente de la doctrina tanto científica como judicial recaída al respecto y que ha ido despejando las lagunas legales e interpretando los conceptos jurídicos indeterminados planteados en la regulación normativa. De hecho, son nombrosas las cuestiones no resueltas y las dudas interpretativas existentes, pero los órganos judiciales van dando soluciones a las mismas.
Así, en relación con la situación protegida, ésta se refiere a la filiación biológica, como a la adopción, o al acogimiento si es permanente, a la guarda con fines de adopción o la tutela.
Por el contrario, no queda protegido el acogimiento temporal, ni tampoco la curatela.
Un requisito que lo configura es la reducción de jornada y de salario que debe existir para tener derecho a la prestación correspondiente, pues se exige que como mínimo el trabajador/a solicite una reducción de jornada y salario de un mínimo de un 50 % y como máximo un 99,9 %, no siendo posible acumular esta reducción con otras por derechos similares, pues se trata de permisos y licencias totalmente independientes. Básico es también la enfermedad que padece el menor, ya sea cáncer u otra grave, pues a pesar del establecimiento de una lista, no cabe entenderla como absolutamente cerrada, ya que de la misma pueden entenderse incluidas otras en muchas de sus acepciones genéricas, generándose dudas en relación en relación al término grave, lo que muchas veces deberá ser valorado en cada caso concreto según las circunstancias concurrentes.
Asimismo, respecto del requisito del ingreso hospitalario, la doctrina judicial entiende que cabe interpretarlo en un sentido lato y flexible afirmando que no es requisito sine qua non un ingreso en el hospital continuo permitiéndose que con posterioridad vuelva al hogar familiar y haga «vida normal», al igual que cabe entender la exigencia del cuidado directo, pues no es imprescindible que el progenitor, adoptante, acogedor o guardador esté cuidado al menor durante las veinticuatro horas del día, siendo permitido que comparta esta atención con otra persona. Son muchos los supuestos planteados en relación con si esta prestación es compatible con la escolarización del menor. La doctrina judicial siguiendo su línea interpretativa flexibilizadora y amplia señala que para que se deniegue esta prestación debe existir una escolarización normal, lo cual no sucede cuando el menor recibe algún apoyo o acude a un centro especial.
En definitiva, son estas últimas las cuestiones centrales del debate de esta prestación, para las que la doctrina judicial estima que el cuidado que necesita el menor ha de ser directo, continuado y permanente, pero no requiere que sea en centro hospitalario, pudiendo darse en el domicilio, sin que sea el beneficiario quien haya de prestarlo en todo momento, permitiéndose pues que el cuidado del menor sea compartido con otros individuos, como profesores o cuidadores.
Otro dato relevante es que tiene que ser el servicio médico de carácter público el que tiene que cumplimentar la declaración e informar, pues es quien tiene la competencia, aun en el caso de que la atención y diagnóstico se haya llevado a cabo por servicios médicos privados.
Por otro lado, la falta de coordinación del ET y de la LGSS también ha generado dudas interpretativas. Por un lado, el art. 190 LGSS, a diferencia del estatutario, exige que «ambos trabajen». Ello lleva a plantear qué sucede en el caso de las familias monoparentales, pues al referirse a «ambos» parece que sólo está protegido a las familias formadas por dos progenitores. En principio, desde un punto de vista simplista de la literalidad de la ley, podría entenderse que estas familias no tendrían derecho, pero ello supondría un grave perjuicio al progenitor. No obstante, desde un criterio lógico, y según las instrucciones internas del INSS cabe entender que estas familias están protegidas por este subsidio.
Asimismo, en relación a los requisitos que la LGSS exige cabe remitirse a lo previsto para la prestación por maternidad, planteándose la duda en relación a las situaciones asimiladas al alta, respecto de las cuales se guarda silencio. Ello, según la doctrina científica, debe interpretarse en el sentido de que no se debe a un olvido del legislador, sino que es reflejo de la clara exigencia de que los cuidadores estén prestando servicios laborales y tengan que dejarlos para atender al menor, lo que genera el perjuicio económico que se intenta compensar.
Por lo que se refiere a la prestación económica, la doctrina judicial entiende que debe calificarse como subsidio por su carácter temporal, esto es, prestación pública asistencial de carácter económico y de duración determinada.
Por último, llama la atención el hecho de que, a pesar de equiparar la cotización a la maternidad, y de tratarse de una situación derivada de un riesgo común y no profesional, el legislador haya previsto que la cuantía de la prestación se halla en función de la base reguladora de contingencia profesionales, cuando ésta es más propia de, por ejemplo, la prestación por riesgo durante el embarazo o la lactancia, y no de la maternidad.
In this work it is studied, from a judicial and scientific doctrine point of view, the economic benefit for the care of children affected by cancer or other serious illness, a provision of relative scarcity and which is beginning to be discussed and made more flexible by the judicial doctrine and jurisprudence. So, it is analyzed its critical points and its judicial interpretation, as much in the regulation contained in the ET as right to the reduction of working day with proportional reduction of the salary, as well as its regulation in the LGSS as right to an economic subsidy to compensate this reduction of working hours and salary.
In order to carry out this study, it has been taken into account the existing legislation, but especially the scientific and judicial doctrine falled on this issue, which has been clearing legal gaps and interpreting the indeterminate legal concepts raised in the normative regulation. In fact, the unresolved issues and the interpretative doubts exist, but the judicial authorities are giving solutions to them.
Thus, in relation to the protected situation, it refers to biological filiation, to adoption, or fostering if it is permanent, custody for adoption or guardianship. On the contrary, temporary foster care and curatorship are not protected. A requirement that configures it is the reduction of the day and salary that must exist to be entitled to the corresponding benefit, as it is required that at least the worker requests a reduction of working hours and salary of a minimum of 50% and as maximum of 99.9%, and it is not possible to accumulate this reduction with others for similar rights, since these permits and licenses are totally independent. It is also basic the disease that suffers the minor, either cancer or other serious, because despite the establishment of a list, it should not be understood as absolutely closed, since it can be understood as including others in many of its generic meanings. One of the doubts is in relation to the term «serious», which many times it must be valued in each specific case according to the concurrent circumstances.
Likewise, with regard to the requirement of hospital admission, judicial doctrine understands that it can be interpreted in a broad and flexible sense, and it states that it is not a sine qua non requirement as an inpatient can return to the family home and has a «normal life», as well as the requirement of direct care, since it is not essential that the parent, adopter, foster or caregiver has to have the care for the child during the twentyfour hours of the day, being allowed to share this care with another person. There are many assumptions raised as to whether this benefit is compatible with the schooling of the child. Judicial doctrine, following its flexible and broad interpretative line, points out that in order to deny this benefit, normal schooling must exist, which does not happen when the minor receives support or goes to a special center.
In short, these latter are the central issues in the debate on this provision, for which the judicial doctrine considers that the care that the minor needs has to be direct, continuous and permanent, but it does not require it to be in a hospital, since the minor can stay at home and it is not necessary the beneficiary being responsible at all times. Thus, it is possible that the beneficiary shares the care of the child with other individuals, such as teachers or caregivers.
Another relevant fact is that it has to be the public medical service who has to complete the declaration and inform, as they have the competence, even in the case that the care and diagnosis has been carried out by private medical services.
On the other hand, the lack of coordination of the ET and the LGSS has also generated interpretative doubts. On the one hand, art. 190 LGSS, unlike the statutory one, demands that «both work». This raises the question of what happens in the case of single-parent families, because when referring to «both» it seems that only families formed by two parents are protected. In principle, from a simplistic point of view of the literal nature of the law, it could be understood that these families would not be entitled, but this would be a serious prejudice to the parent. However, from a logical point of view, and according to INSS internal instructions, it is understood that these families are protected by this subsidy.
Likewise, in relation to the requirements that the LGSS demands, it is possible to refer to what is expected for the maternity benefit, considering the doubt regarding the situations assimilated to discharge, in respect of which silence is kept. According to scientific doctrine, this should be interpreted as not forgetting the legislator, but rather reflecting the clear requirement that caregivers are providing work services and have to leave them to care for the child, which generates the economic damage that is attempted to compensate.
As regards the economic benefit, the judicial doctrine understands that it should be qualified as a subsidy because of its temporary character, that is, public welfare assistance of an economic nature and fixed duration.
Lastly, it is striking that, despite equating the contribution to maternity, and in the case of a situation arising from a common and non-professional risk, the legislature has provided that the amount of the benefit is based on the professional contingency regulatory base, when this is more typical of, for example, risk benefit during pregnancy or breastfeeding, and not maternity.
