Acceso usuarios
María Valvanuz Peña García
El riesgo durante la lactancia natural, es una prestación contributiva de Seguridad Social, con la que se pretende sustituir los ingresos que deja de percibir la madre trabajadora ante una suspensión del contrato de trabajo. La suspensión procede cuando el puesto de trabajo genera riesgo para la lactancia natural de hijos menores de nueve meses y no es posible adaptar las condiciones de trabajo o cambiar a la trabajadora a otro puesto compatible en los términos que prevé la legislación de prevención de riesgos laborales.
La prestación está incluida dentro de la acción protectora de todos los Regímenes del sistema de la Seguridad Social, en el que se reconoce esta prestación a partir del 24 de marzo de 2017, aunque el parto se hubiera producido anteriormente siempre que el lactante no haya cumplido los nueve meses.
Con la presente prestación, se da cobertura, de una manera muy especial a la mujer, en su faceta de madre, cuya diferencia con el varón, se pone de relieve en esta respuesta que otorga el sistema de Seguridad Social, y si bien, desde el ordenamiento jurídico, no se protege de forma genérica a la mujer trabajadora, sino que la prevención de la salud de la mujer en el medio laboral, se limita a los aspectos puramente biológicos, que van anudados a la maternidad y a la lactancia natural, con esta prestación, se pretende conseguir esa igualdad efectiva en salud laboral.
En nuestro ordenamiento jurídico, la situación de la mujer, ha tenido siempre un tratamiento especial, si bien, este tratamiento, a veces, lo que ha supuesto, es aumentar las diferencias entre los dos sexos, así el 27 de febrero de 1912, se promulga la denominada «Ley de la silla», según la cual, las mujeres que trabajaran en determinados tipos de empresas, deberían de disponer de una silla para cada una de ellas, que serian usadas cuando la actividad lo permitiera. En caso de no cumplirse esta ley, se podría imponer al empresario una multa. Lo que pretendía ser una normativa que protegiera aún más a la mujer, lo que hizo, fue marcar más las diferencias entre hombres y mujeres e incrementaba una doble discriminación social al admitir, por un lado la «debilidad del sexo» y por otro, al no incluir a los hombres trabajadores en esa misma ley.
Desde la incorporación de España a la Comunidad Económica Europea, se han producido grandes avances, en lo referente a la consideración de la mujer trabajadora en situación de embarazo o de lactancia, como personas potencialmente expuesta a padecer situaciones perjudiciales para ella y/o el hijo/a en el ámbito de la relación de trabajo.
En el ámbito internacional, ha sido la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la que mejor ha recogido y regulado la protección de la mujer trabajadora y su hijo, tanto durante el embarazo, como en el periodo inmediatamente posterior al parto y en el periodo de la lactancia natural, siendo varios Convenios los que tienen regulaciones específicas para estas situaciones. A modo de ejemplo, basta citar los Convenios siguientes:
– Convenio numero 3, de 1919, sobre el empleo de las mujeres antes y después del parto;
– Convenio número 4, del mismo año que el anterior, sobre el trabajo nocturno de las mujeres; – Convenio número 45, de 1935, sobre el trabajo de las mujeres en los trabajos subterráneos de todo tipo de minas; – Convenio numero 103, del año 1952, relativo a la protección de la maternidad; – Convenio número 95, del año 1952, sobre protección de la maternidad, que por primera vez establece medidas dirigidas a la protección de la salud de la mujer embarazada durante la prestación de trabajo, y otros muchos; hasta llegar al Convenio numero 183 del año 2000, que trata la protección de la maternidad, revisando el convenio numero 153, del año 1957, que desde una perspectiva, mas integradora y no tan casuística, incluye medidas garantistas para la trabajadora que se encuentra en cualquier situación biológica relacionada con la maternidad. Ese mismo año, se publica también la Recomendación nùmero 191, sobre la protección de la maternidad.
Mas allá de estas protecciones por normas internacionales, en España, la protección de la mujer trabajadora, se lleva a cabo por la Ley 35/1995, de 8 de Noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en los artículos 25 y 26 de la misma, que introdujo en nuestro ordenamiento por primera vez, una regulación especifica para los supuestos de maternidad, estableciendo diversas medidas de protección de la mujer trabajadora embarazada, de parto reciente o en periodo de lactancia natural, modificación que fue introducida por la Ley Orgánica 3/2007, todo ello para la transposición de la Directiva 92/85/CEE del Consejo, de 19 de octubre.
Posteriormente, fue la Ley 39/1999, de 5 de noviembre, de Conciliación de la vida laboral y familiar, la que especifico cuales debían ser las actuaciones que debe realizar el empresario para salvaguardar la salud y seguridad de la madre y/o hijo, pero fue la Ley 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad efectiva de hombres y mujeres, la que introdujo importantes novedades en esta materia.
Es importante resaltar, que no se considera situación protegida la derivada de riesgos o patologías que puedan influir negativamente en la salud de la trabajadora o en la del hijo, cuando no este relacionada con agentes, condiciones o procedimientos de trabajo del puesto o actividad desempeñados.
Para ello, se requiere una evaluación de los riesgos, que se recoge en el articulo 16 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, que debe comprender la determinación de la naturaleza, el grado y la duración de la exposición de las trabajadoras en situación de lactancia natural a agentes, procedimientos o condiciones de trabajo que puedan influir negativamente en la salud de las trabajadoras o del lactante, en cualquier actividad susceptible de presentar un riesgo específico. Si los resultados de la evaluación revelasen un riesgo para la seguridad y la salud o una posible repercusión sobre la lactancia de las citadas trabajadoras, el empresario, debe adoptar las medidas necesarias para evitar la exposición a dicho riesgo, a través de una adaptación de las condiciones o del tiempo de trabajo de la trabajadora afectada.
En un supuesto tan específico como es el riesgo analizado, la evaluación de los riesgos, en relación con el puesto de trabajo, ha de ser específica, y ha de alcanzar el grado, naturaleza y duración de la exposición. Una vez determinados estos extremos, la acción inmediata que ha de seguirse por parte del empresario, es la de adoptar las medidas necesarias para evitar esa exposición al riesgo adaptando las condiciones o el tiempo de trabajo de la trabajadora.
Cuando la adaptación no sea posible o la realizada sea insuficiente, de forma que las actividades a desarrollar (articulo 26 LPRL) pudieran influir negativamente en la salud de la trabajadora o del bebe, una vez, obtenido el informe medico que así lo certifique, deberá la madre trabajadora, desempeñar un puesto de trabajo o función diferente y compatible con su estado. Solo cuando todo lo expuesto no sea posible, incluso el cambio a un puesto de trabajo de la misma o distinta categoría, que no tenga esos riesgos o unos riesgos tolerados y controlados, se puede declarar el paso de la madre trabajadora afectada a la situación de suspensión del contrato.
The risk during breastfeeding is a contributory benefit of the Social Security scheme which is intended to replace the income that working mothers stop receiving in the event of a suspension of their employment contract. Workers are entitled to the suspension of the contract when the job creates a risk for breastfeeding children under nine months of age and it is not possible to adapt working conditions or change the worker to another compatible position under the terms provided by the legislation on prevention of occupational risks.
The benefit is included in the protective action of all the schemes of the Social Security system, in which this benefit is recognized as of March 24, 2017, although the delivery would have occurred previously provided that the infant is not older than nine months of age.
With this benefit, coverage is given in a very special way to women regarded as mothers and whose difference with men is highlighted in this response that the Social Security system gives; even though regulations do not generically protect working women, prevention of women’s health in the working environment is limited to purely biological aspects, which are linked to motherhood and breastfeeding; this benefit is intended to achieve effective equality in occupational health.
In our legal system, the situation of women has always had a special treatment, although this has sometimes meant to increase the differences between both sexes; thus, on February 27, 1912, the so-called Ley de la silla [Chair Law] is enacted. According to it, women who work in certain types of companies, should have a chair for each one, which would be used when the activity allowed it. If employers did not comply with the law, they would be fined. What was intended to be a regulation that would give further protection to women, in fact, made differences between men and women even bigger and led to a double social discrimination by admitting, on the one hand, the «weakness of sex» and on the other, not including working men in that same law.
Since the incorporation of Spain to the European Economic Community, there have been great advances with regard to the consideration of pregnant workers or workers who were breastfeeding as people potentially exposed to situations that were harmful to them and / or their children in the scope of the employment relationship.
At international level, the International Labour Organization (ILO) has best collected and regulated the protection of working women and their children, both during pregnancy and in the period immediately after childbirth and during the period of breastfeeding;
several Conventions have specific regulations for these situations. As an example, to cite but a few of the following Conventions:
– Convention number 3, of 1919, on the employment of women before and after childbirth;
– Convention number 4, of the same year, on women’s night work;
– Convention number 45, of 1935, on the work of women in underground works in any type of mines;
– Convention number 103, of 1952, on the protection of maternity;
– Convention number 95, of 1952, on maternity protection, which for the first time established measures aimed at protecting the health of pregnant women during the provision of work, and many others; until reaching Convention number 183, of 2000, which deals with the protection of maternity, reviewing Convention number 153, of 1957 which, from a more integrationist and not so casuistic perspective, includes guarantee measures for female workers in any biological situation related to motherhood. In the same year, Recommendation No. 191 on maternity protection was also published.
Beyond these protections by international regulations, the protection of working women in Spain is ruled by Law 35/1995, of November 8, on the Prevention of Occupational Risks, in articles 25 and 26 thereof, which for the first time introduced a specific regulation for maternity cases in our legal system, establishing various measures for the protection of pregnant workers, those who have recently given birth or who are breastfeeding, an amendment that was introduced by Organic Law 3/2007 for the transposition of Directive 92/85/EEC of the Council, of October 19.
Subsequently, Law 39/1999, of November 5 on work-life balance, specified what measures should be taken by employers to safeguard the health and safety of mothers and/or children, but it was Law 3/2007, of March 22 on effective equality between men and women, which introduced important developments in this subject.
It is important to highlight that any situation cannot be considered as protected when it is related to any risk or pathology that may have a negative influence on female workers’ health or on children’s health, when it is not related to agents, conditions or work procedures of the job position or activity.
To do so, an assessment of risks is required, which is included in Article 16 of the Law on Prevention of Occupational Risks (LPRL) and must establish the nature, degree and duration of the exposure of breastfeeding workers to agents, procedures or work conditions that may present a negative impact on female workers’ health or on infants’ health, in any activity likely to present a specific risk. If the results of this assessment revealed a risk for the health and safety or a possible impact on breastfeeding of the aforementioned female workers, the employer must take the necessary measures to avoid this exposure to the mentioned risk, through an adaptation of the conditions or the working time of affected female workers.
In such a specific case as the analysed risk, risk assessment, in relation to the job position, must be specific and must reach the degree, nature and duration of the exposure. Once these extremes have been determined, the immediate action that must be followed by the employer is to adopt the necessary measures to avoid this exposure to risks by adapting the working conditions or working time of female workers.
When the adaptation is not possible or insufficient and the activities to be developed (article 26 LPRL) could have a negative effect on female workers’ health or on their children’s health, once the medical report has certified that condition, female workers must perform a different job or task which is compatible with their condition. Only when all the above is not possible, including the change to a job position of the same or different category which does not present those related risks or other tolerated and controlled risks, a suspension of the contract can be applied to these affected female workers.
