Acceso usuarios
Gerardo José Ruiz-Rico Ruiz 
La Constitución española de 1978 incurre en una contradicción en lo que concierne a los derechos sociales, puesto que la generosa receptividad y amplitud con que fueron integrados estos nuevos derechos y directrices sociales no se ve correspondida después con un sistema eficaz de garantías constitucionales. El constituyente quiso enfatizar su debilidad normativa al atribuirles un mero carácter "informador" (art. 53.3), que suponía implícitamente una excepción al principio básico de contitucionalidad. Buena parte del programa social constitucionalizado parecía regresar de este modo a la vieja época del nominalismo de aquellas Constituciones a las que se consideraba poco más que una hoja de papel. Frente a este decepcionante positivación constitucional, la evolución y desarrollo posteriores han venido a demostrar su potencialidad real como instrumentos políticos nucleares para la transformación social y económica
