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Pablo Bello Arellano
Internet ha roto la vinculación entre economía y territorio. La globalización digital, con sus dinámicas geopolíticas subyacentes, hace inaplazable la construcción de una gobernanza mundial sobre nuevos tratados.
En el ordenamiento internacional la frontera ocupa un lugar central. No solo delimita políticamente el territorio, sino que define el espacio de aplicación de la soberanía. La frontera es el lugar en el que empiezan unas reglas y terminan otras. En el orden westfaliano, la jurisdicción del Estado se ejerce en el ámbito de las fronteras y los Estados se relacionan entre sí de acuerdo con reglas e instituciones. El problema es que los bits no tienen nacionalidad ni denominación de origen. Cruzan las fronteras sin pedir permiso. El paradigma que ha estructurado al mundo durante los últimos 400 años resulta, al menos parcialmente, inadecuado para abordar la era de Internet.
El orden internacional asume un modelo de dos niveles o capas. Lo que ocurre en el interior de un Estado se regula por las normativas definidas por cada país, y lo que sucede entre las naciones se acuerda por la vía del Derecho Internacional. Un elemento básico de este ordenamiento es el principio de no injerencia en los asuntos internos y la igualdad de trato entre Estados. Este modelo funciona en la medida en que los determinantes fundamentales existen en una dimensión física: los bienes y servicios se producen, demandan y consumen en lugares particulares, bajo la jurisdicción correspondiente, y se les aplica unas reglas específicas definidas por cada Estado. No es relevante, desde la perspectiva del ordenamiento internacional, si la regulación del país A es distinta a la del país B. Si el bien o servicio se produce o consume en A, se le aplica la regulación de A. Si ocurre en B, será esta la que se aplique. Obviamente, la asimetría regulatoria entre ambos países puede producir efectos indeseados para productores y consumidores, y por ello se procura establecer acuerdos y normativas armonizadas. Pero la asimetría, en tanto se aplica sobre un territorio, es ejecutable y, por tanto, viable.
Los gobiernos pueden regular las infraestructuras que se instalan en su territorio, pero difícilmente pueden regular los bits que fluyen a través de las redes Internet pone en tensión este ordenamiento Estado-nación como consecuencia de su naturaleza eminentemente ageográfica. La existencia de una dimensión virtual, transfronteriza y de alcance global, rompe en lo fundamental con la vinculación entre economía y territorio, sobre la cual era viable el ejercicio de este modelo de soberanía. Antes de Internet ya había signos de tensión evidentes en la gobernanza de la globalización, derivadas de fenómenos de carácter transfronterizos sobre los que la jurisdicción nacional resultaba limitada, como los flujos de capitales especulativos o los efectos del cambio climático. Pero es con Internet cuando esa tensión se amplifica y empuja al viejo orden hacia la obsolescencia.
Lo anterior no es absoluto. Los Estados han reaccionado de distintas formas a esta pérdida de control sobre el ciberespacio. Algunos han ido estableciendo barreras para el libre flujo de información, censurando el uso de determinados servicios o aplicaciones. Otros, en cambio, propician un escenario en pro de la libertad y el desarrollo de un Internet abierto, pero también en beneficio del poder y los modelos de negocio de determinados jugadores o plataformas que representan el estandarte de la nueva hegemonía en el ámbito digital. Esto conlleva riesgos y de ahí surge la necesidad de explorar mecanismos que respondan acertadamente a las dinámicas de este nuevo orden, en el que las fronteras son líquidas y en el que el poder no está ya únicamente en el tamaño de los territorios o el poderío militar, sino �crecientemente� en el control y explotación de los datos que fluyen a través de las redes. De eso trata la gobernanza de Internet ...
