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La cultura jurídica y democrática italiana ha sido profundamente turbada por los sucesos que han llevado a la moción de censura de la presidenta Dilma Roussef y el proceso penal contra Ignacio Lula. Se tiene la impresión de que estos acontecimientos ponen de manifiesto una fuerte carencia de garantías y una grave lesión al derecho a un juicio justo, difícilmente explicables excepto por el objetivo político de poner fin al proceso de reformas que se ha desarrollado en Brasil en los años de la presidencia de Lula y de Dilma Roussef, que ha sacado de la pobreza a 40 millones de brasileños.
Antes de todo, tomemos en consideración la falta de garantías constitucionales de la democracia política, puesta en evidencia por la moción de censura con la cual ha sido destituida la presidenta Dilma Roussef –electa legítimamente por el pueblo brasileño–, aplicando lo previsto en el artículo 85 de la Constitución (...)
