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Jordi Nieva Fenoll 
El sistema de valoración legal de la prueba hace tiempo que está claramente marginado en el proceso civil, y es legalmente inexistente en el proceso penal. Sin embargo, la larga vigencia del mismo, más por el uso forense que por disposición legal, ha determinado que actualmente todavía se encuentren inexplicables manifestaciones del antiguo sistema que deben ser abolidas.Entre ellas se cuentan la valoración, todavía legal, de la prueba documental en el proceso civil, los juramentos y promesas, incomprensibles hoy en día, así como la propia concepción de la mismísima carga de la prueba, o incluso el estudio de las presunciones. Todo ello conserva a día de hoy un análisis impropio de un sistema en el que rige la libre valoración de la prueba, lo que impide el pleno desarrollo científico de este sistema, que afecta, lógicamente, a la práctica de los tribunales.En el presente trabajo se indica cómo proceder a la debida corrección y eliminación de esos arrastres del pasado.
The legal evaluation system of evidence has long been clearly marginalized in the civil process, and is legally non-existent in criminal proceedings. However, its long validity due to the tribunals’ praxis –more than by legal provision–, causes inexplicable manifestations of the old system that are still present and must be abolished.These manifestations include the legal assessment of documentary evidence in civil proceedings, or the existence of oaths and promises, ununderstandable today, as well as the outdated conception of the burden of proof, or even an also outdated study of circumstantial evidence. All this provokes today an improper analysis of a system in which the free evaluation of evidence shall govern, and prevents the full scientific development of this system, which logically affects the practice of the courts.This paper indicates how to correct and eliminate these trawls of the past.
