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Blanca Lozano Cutanda 
Los requisitos procesales introducidos por la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público para poder reclamar responsabilidad al Estado Legislador por los daños ocasionados como consecuencia de leyes declaradas por el TJUE contrarias al Derecho de la Unión Europea hacen que resulte excesivamente difícil el ejercicio de la acción de responsabilidad, lo que parece contradecir el principio de eficacia del derecho comunitario. Así lo entiende la Comisión Europea, que ha dirigido una carta de emplazamiento al Gobierno español por esta causa, y es previsible que así lo sentencie el TJUE en caso de elevarse por los tribunales españoles una cuestión prejudicial al respecto.
